Siguen las críticas al proyecto de reforma penal: advierten inconstitucionalidad

El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos expresó un fuerte rechazo al proyecto de ley “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública” que promueve el gobierno provincial de Unidos. La entidad lo considera un retroceso en materia penal y sostiene que varias de sus disposiciones son incompatibles con los marcos constitucionales nacional y provincial.

Las observaciones se expresaron durante una audiencia y plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados. Allí coincidieron distintas entidades civiles, organizaciones sociales, colegios profesionales e instituciones públicas en señalar la inconstitucionalidad de la iniciativa.

A estos cuestionamientos se sumó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que aportó reparos específicos sobre el alcance de las facultades policiales que se pretenden ampliar.

Los puntos más controvertidos

Entre las reformas al Código Procesal Penal que generan mayor rechazo figuran la posibilidad de interrogatorios policiales sin presencia de defensa técnica, allanamientos sin orden judicial previa y la extensión a 48 horas del plazo de detención por averiguación de antecedentes.

También se critica la eventual validez probatoria que se daría a procedimientos ilegales y la ampliación de facultades para tareas de inteligencia policial sin una adecuada fiscalización judicial o ministerial.

El documento del Encuentro Provincial por los Derechos Humanos pone especial énfasis en la creación de las denominadas “Zonas de Intervención Policial Especial”. Según la organización, esta figura habilitaría a limitar la circulación en la vía pública, establecer controles de acceso y disponer restricciones horarias, un mecanismo que comparan con la declaración de un estado de sitio sin los resguardos institucionales que exige la Constitución.

Un conflicto con la propia reforma constitucional

“Lo sorprendente y paradójico es que todas estas antidemocráticas propuestas violentan la mismísima Constitución Provincial sancionada durante su mandato”, señalaron desde la entidad, en referencia al gobernador Maximiliano Pullaro. Recordaron que la carta magna provincial fue reformada hace pocos años y que el proyecto en debate colisionaría directamente con varios de sus artículos.

Las organizaciones llamaron a los legisladores a no aprobar un esquema que, a su juicio, retoma prácticas propias de etapas autoritarias de la historia argentina.

El debate en la Legislatura

La discusión del proyecto continúa en el ámbito parlamentario. El oficialismo defiende la necesidad de contar con nuevas herramientas para enfrentar el delito en un contexto de alta preocupación social por la inseguridad, especialmente en Rosario y el Gran Santa Fe. La oposición y las entidades de derechos humanos, en cambio, sostienen que el fortalecimiento de la seguridad no puede conseguirse a costa de garantías individuales básicas.

La tensión entre eficacia policial y respeto a las garantías constitucionales vuelve a colocarse en el centro del debate político provincial. El dato clave es que, si se aprobara en los términos actuales, el proyecto podría enfrentar rápidamente impugnaciones judiciales que lo llevarían a la Corte Suprema de Justicia de la provincia o incluso a la Nación.

La lectura política de esta pulseada es clara: el gobernador necesita mostrar resultados concretos en materia de seguridad antes de las próximas elecciones, pero el costo institucional de avanzar con una norma cuestionada por su constitucionalidad podría ser elevado.