Alcalde de San Juan ordena a la policía local no colaborar con redadas del ICE
Miguel Romero reiteró su rechazo a los operativos migratorios federales en Puerto Rico y dispuso que ninguna dependencia municipal preste apoyo. La medida se da tras denuncias de agresividad, detenciones sin antecedentes y uso excesivo de la fuerza.
El alcalde de San Juan, Miguel Romero, ordenó de manera clara a la Policía Municipal y a todas las dependencias del municipio que se abstengan de colaborar con los operativos de control migratorio que lleva adelante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La instrucción se conoció a través de un comunicado emitido el pasado martes, luego de una serie de redadas que se registraron durante el fin de semana en distintos puntos del área metropolitana, especialmente en Santurce, barrio con una importante comunidad dominicana.
“Ante las nuevas intervenciones realizadas por el ICE, reitero la posición que expresé desde el 26 de enero de 2025: nuestra comunidad inmigrante merece respeto, dignidad y un trato humano”, sostuvo Romero.
El mandatario municipal recordó que las funciones de las autoridades locales deben concentrarse en atender emergencias, proteger la vida y garantizar la seguridad de los residentes, sin involucrarse en tareas de aplicación de leyes migratorias federales.
Según testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos y medios internacionales, los operativos incluyeron el cierre de calles con vehículos, inspección de automóviles, interrogatorios a conductores y pasajeros, y la presencia de efectivos armados con el rostro cubierto. Al menos 15 personas fueron detenidas, algunas sin antecedentes penales.
La abogada Rosaura González Rucci y José Rodríguez, del Comité Dominicano de Derechos Humanos, coincidieron en que los procedimientos resultaron más agresivos de lo habitual en Puerto Rico. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico y el propio Comité cuestionaron posibles arrestos sin orden judicial, separación de familias y obstáculos para personas que tenían trámites migratorios en curso.
Romero exigió que se investiguen las denuncias sobre amenazas, uso injustificado de la fuerza y trato degradante. “La autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias no constituye una autorización para intimidar comunidades ni para atropellar los derechos de las personas”, afirmó.
La medida del alcalde se conoció en medio de la visita a la isla de Tom Homan, responsable de supervisar la política fronteriza del gobierno de Donald Trump. Desde la Casa Blanca indicaron que el funcionario evaluó medidas de seguridad fronteriza marítima y acciones vinculadas a la inmigración.
Ante la situación, el municipio de San Juan ampliará los servicios de orientación y acompañamiento a través de la Oficina de Ayuda al Inmigrante. Coordinará con organizaciones comunitarias y abogados para brindar información sobre opciones legales a las familias afectadas.
La ACLU de Puerto Rico recordó que documentar las actuaciones de funcionarios públicos es un derecho amparado por la Primera Enmienda, siempre que no se interfiera con el operativo, y advirtió sobre denuncias de amenazas a residentes que filmaban las acciones.
El alcalde insistió en que su instrucción es terminante: la policía municipal y las dependencias locales no participaron ni prestarán apoyo alguno a estos operativos federales.