Paulón denuncia "operación libertaria" por su departamento en Pichincha
El diputado Esteban Paulón rechaza acusaciones sobre la escrituración de un inmueble y exige que se contrasten valuaciones fiscales con escrituras ante la próxima presentación de Manuel Adorni el 29 de abril.
Se trata del descargo público del diputado nacional Esteban Paulón frente a denuncias sobre la escrituración de un departamento en Pichincha que, según él, fueron alimentadas por sectores libertarios a partir de la valuación fiscal y no del título de propiedad. Paulón sostiene que el inmueble heredado por él y sus tres hermanos tiene 78 m2 (no 360 m2) y adelantó que llevará las escrituras el 29 de abril, día en que el jefe de Gabinete Manuel Adorni debe presentarse ante el Congreso (según la nota del 13/4/2026).
¿Qué dice Paulón y qué prueban los documentos?
Paulón plantea una diferencia técnica que conviene explicar: las declaraciones juradas consignan valuaciones fiscales, no necesariamente valores de mercado, porque así lo aplica la Administración Provincial de Impuestos (API), según su exposición. En su réplica - difundida en Twitter el 12/4/2026 - declaró que el departamento heredado por los cuatro hijos de sus padres tiene 78 m2 y no los 360 m2 que circulan en redes. El dato es concreto: 78 m2 versus 360 m2, y la disputa es sobre la interpretación de la valuación fiscal que apareció en capturas y posteos. Paulón ofrece las escrituras públicas como prueba y plantea un ejercicio simple de contraste documental: escritura versus valuación fiscal de la API (según su comunicado y la nota del 13/4/2026).
¿Por qué esto importa más allá del episodio personal?
No es solo una pelea de porcentajes o censuras en Twitter: atraviesa dos temas institucionales. Primero, la obligación formal de presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción existe, pero no implica su publicación abierta; Paulón cita esa distinción y repostea al periodista David Cayón sobre el punto. Segundo, la controversia coincide con una crisis política sobre el jefe de Gabinete: Adorni llega a la Cámara el 29 de abril imputado, y Paulón busca que la Cámara compare casos y documentos. Aquí hay un dato temporal relevante: Paulón remarca que la escritura y las declaraciones son previas a su función pública, mientras que, según la nota, se reclama sobre movimientos inmobiliarios de Adorni en un lapso de dos años, lo que plantea la necesidad de revisar reportes a la UIF y controles notaria-les (según el escrito ante el Colegio de Escribanos citado el 13/4/2026).
Lente fiscal y de transparencia: qué exigir
Desde el lente fiscal, la discusión no es menor: la valuación fiscal determina bases impositivas y, en la percepción pública, puede ser usada para afirmar discrepancias. Por eso es clave la auditoría documental y la transparencia procesal. Exigimos que las diferencias entre valuaciones fiscales y valores de mercado se documenten con fuentes oficiales (API y escrituras), que la Oficina Anticorrupción confirme recepción y archivo de las declaraciones, y que la UIF informe si hubo reportes sobre operaciones relevantes. En el plano institucional, el Colegio de Escribanos fue notificado por Paulón; ese paso es correcto y debe ser acompañado por auditores independientes para despejar dudas. En contexto más amplio, la política necesita señales claras: una acusación grave exige prueba documental y, si procede, sanción administrativa o judicial (según la nota del 13/4/2026).
Conclusión: pocas certezas públicas y mucha necesidad de datos claros
La disputa pública entre legisladores y sectores del oficialismo por una valuación fiscal muestra cómo circula la información en redes y por qué la claridad documental es indispensable. Datos concretos disponibles en la nota: 78 m2 declarado por Paulón vs 360 m2 circulados en redes; la presentación de Adorni en el Congreso prevista para el 29 de abril; el registro de un reclamo al Colegio de Escribanos (13/4/2026). Vemos una cadena lógica: contradicción en cifras, oferta de escrituras como prueba y llamado a controles formales. Reiteramos la necesidad de transparencia y auditorías independientes sobre declaraciones juradas y operaciones inmobiliarias de funcionarios: sin esos pasos, la discusión seguirá siendo rumor y política de desgaste, no resolución institucional.