Oposición sin chances de abrir la sesión para derogar el DNU 70

La sesión especial convocada para este jueves a las 14 con el objetivo de derogar el DNU 70/2023 se desinfló definitivamente en las últimas horas. La oposición que impulsa el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia reconoce en privado que no tiene los votos necesarios para abrir la sesión y, por lo tanto, el intento quedará en la nada.

Según fuentes parlamentarias consultadas, el conteo de voluntades que realizaron en las últimas 48 horas arrojó un número insuficiente: lejos de los 129 diputados que se necesitan para habilitar la discusión, la oposición dura apenas supera los 90 firmes. El resto, ya sea por ausencias, indecisiones o presiones de los gobernadores, no garantiza el quórum.

“Moriremos con las botas puestas”, sintetizó un referente del bloque que impulsa la iniciativa, en alusión a la postura de resistir hasta el final aunque el resultado sea previsible. La frase resume el clima que se vive en los pasillos del Congreso: una mezcla de bronca y realismo ante la imposibilidad numérica.

El DNU 70, que desregula amplios sectores de la economía y modifica normativas laborales, de alquileres y de salud, sigue vigente desde fines de 2023. Ya fue rechazado en el Senado en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados nunca logró abrir el debate en el recinto. Cada intento posterior tropezó con las mismas dificultades: falta de acuerdo entre los bloques opositores y el peso de los gobernadores que priorizan la negociación con el Ejecutivo nacional.

En Santa Fe, el impacto del decreto es especialmente sensible. La desregulación de la obra pública, los cambios en el régimen de sociedades y las modificaciones en el sistema de salud impactan directamente sobre la economía provincial, que depende en buena medida de la actividad privada y del empleo formal. El dato clave es que, según estimaciones de consultoras locales, el 42% del empleo santafecino se concentra en sectores alcanzados por las desregulaciones del DNU.

Desde el oficialismo provincial, cercano al gobierno de Maximiliano Pullaro, se sigue con atención el desenlace. Aunque no hay una posición pública unificada, en la Casa Gris se prefiere que el DNU continúe en vigencia porque varios de sus puntos facilitan la relación con inversores y simplifican trámites que antes trababan la gestión provincial.

La oposición que promovía la sesión (principalmente Unión por la Patria, sectores del radicalismo disidente y bloques provinciales) intentó hasta último momento sumar voluntades entre los diputados de la UCR y de Hacemos por Nuestro País. Sin embargo, las negociaciones se estrellaron contra la negativa de los bloques que responden a gobernadores que mantienen diálogo fluido con la Casa Rosada.

Ahora la mirada se traslada a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que debe dictaminar sobre la validez del DNU. Pero su funcionamiento es lento y, según admiten legisladores de todos los bloques, no hay apuro por resolverlo antes de fin de año. Mientras tanto, el decreto sigue operando con plena fuerza.

La pregunta de fondo que queda abierta es si la oposición logrará capitalizar esta nueva derrota parlamentaria para reagruparse o si, por el contrario, el fracaso reforzará la percepción de que el Ejecutivo nacional tiene controlado el escenario legislativo a pesar de no tener mayoría propia.

En Santa Fe, el desenlace también se lee en clave electoral. Faltan menos de dos años para las legislativas de 2027 y tanto oficialismo como oposición empiezan a medir cómo impacta cada movimiento en el humor de los votantes. Por ahora, los números indican que el DNU 70 seguirá vigente por bastante tiempo más.