Dejan firme el embargo del departamento de San José 1111 para decomisar bienes de los Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el embargo del departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Recoleta, como paso previo al decomiso de bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner. La decisión, tomada este viernes, rechaza el último recurso presentado por los hijos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa conocida como “Hotesur-Los Sauces”.

El inmueble forma parte de un lote de 13 propiedades que el Estado nacional busca decomisar una vez que quede firme la condena por corrupción. Según los cálculos judiciales, el valor total de los bienes en cuestión supera los 40 millones de dólares. El departamento de San José 1111 había sido embargado en 2022, pero la defensa de los Kirchner insistió con recursos extraordinarios que ahora fueron rechazados de manera definitiva.

Impacto en Santa Fe

Aunque el bien se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, la resolución tiene consecuencias políticas directas en Santa Fe. El peronismo provincial, que mantiene fuerte vínculo con el kirchnerismo histórico, sigue de cerca cada avance de las causas judiciales contra la familia. En la Legislatura y en los círculos del PJ local se interpreta que el avance del decomiso debilita la narrativa de “lawfare” y obliga a reconfigurar estrategias de cara a las elecciones de 2027.

El dato clave es que se trata de una decisión de la máxima instancia penal federal, lo que agota prácticamente todas las vías de apelación interna. Solo quedaría un eventual recurso ante la Corte Suprema, pero los plazos y las probabilidades de éxito son acotados.

La lectura política

En términos prácticos, la Cámara avaló que el Estado pueda avanzar con la subasta o transferencia de los inmuebles una vez que se confirme la condena en instancia definitiva. s judiciales consultadas indicaron que el decomiso no implica expropiación automática, sino la ejecución de la pena patrimonial prevista en la ley de extinción de dominio.

El caso se enmarca en las irregularidades detectadas en la administración de los hoteles Hotesur y Los Sauces, propiedades que recibían alquileres de empresas vinculadas a Lázaro Báez. Tanto Cristina Fernández como sus hijos fueron condenados en primera y segunda instancia, aunque la vicepresidenta mantiene su inmunidad parlamentaria hasta diciembre de 2027.

Qué viene

Con esta resolución, los peritos del Poder Judicial deberán actualizar la valuación de los 13 inmuebles y definir el mecanismo concreto de decomiso. En Santa Fe, el oficialismo de Maximiliano Pullaro y los sectores del peronismo no kirchnerista observan el caso como un antecedente que podría replicarse en otras causas de corrupción provincial si se logra avanzar en la legislación de extinción de dominio a nivel local.

La pregunta de fondo que ya circula en los pasillos de la Casa Gris es cuánto peso tendrá este tipo de definiciones judiciales en la opinión pública santafesina de cara a las próximas legislativas. Por ahora, los números del IPEC y las paritarias siguen pesando más, pero nadie descarta que el tema judicial vuelva al centro del debate provincial.