Apelan las condenas por la 'pata judicial' del juego clandestino en Santa Fe

Se revisan en segunda instancia las condenas a Patricio Serjal y Nelson Ugolini por integrar una asociación ilícita destinada a proteger el juego clandestino en la provincia de Santa Fe, con penas de 9 y 5 años respectivamente, según el área de prensa del MPA.

¿Qué se discute en este juicio de apelación?

La audiencia de apelación, a cargo de los camaristas Javier Beltramone, Ismael Manfrin y Carolina Hernández, examina los fundamentos de la sentencia 593 dictada el 7 de noviembre de 2025, que condenó a Serjal a 9 años y a Ugolini a 5 años —datos aportados por la Fiscalía—. Serjal, de 48 años, fue acusado de asociación ilícita como organizador, cohecho pasivo agravado y peculado de servicios; Ugolini, de 38 años, recibió cargos por integración a la misma asociación y cohecho pasivo simple. La Fiscalía había pedido 12 años para Serjal, lo que deja en evidencia una diferencia entre lo solicitado por acusación y lo finalmente sentenciado (MPA; sentencia 593, 7/11/2025). El trámite de apelación se extenderá varias jornadas en los Tribunales Provinciales.

¿Por qué importa esto para la política y la institucionalidad santafesina?

La causa no es sólo penal: tiene impacto político e institucional. La sentencia menciona al senador Armando Traferri en 129 oportunidades a lo largo de más de 200 páginas, según la presentación que el propio legislador elevó al Colegio de Jueces Penales de Rosario. Traferri fue imputado en septiembre-octubre de 2024, pero su situación procesal difiere de la de los ya juzgados; la Fiscalía decidió priorizar el juicio contra quienes tenían fecha pronta desde julio de 2023, según declaró el fiscal Caterina. Estos plazos y decisiones procesales afectan la percepción pública sobre imparcialidad y velocidad de la justicia: cuando los niveles altos de la estructura aparecen nombrados tantas veces, la pregunta política es qué tan profundo llega la red y cómo se protegen intereses. La dimensión temporal —imputación en 2024, juicio con expectativas desde julio de 2023, sentencia en noviembre de 2025— muestra un proceso largo con decisiones estratégicas sobre a quién llevar primero a juicio.

Lente institucional: procedimientos, transparencia y riesgos

Desde el lente institucional importa cómo se gestionó el proceso: el juicio llegó después del apartamiento de los fiscales originales y con fiscales que heredaron la investigación (Marisol Fabbro y José Luis Caterina). Que una sentencia de más de 200 páginas incluya 129 referencias a un legislador plantea dudas legítimas sobre el alcance de las responsabilidades y sobre la forma en que se construyó la prueba. Además, en la causa ya hubo procedimientos abreviados con arrepentidos, como el empresario Leonardo Peiti y el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, cuyas declaraciones implicaron a Serjal. La combinación de procedimientos abreviados, arrepentidos y juicios segmentados exige mayor transparencia: queremos registros claros de recursos, pruebas y costos procesales. Pedimos acceso público a las pruebas decisivas —donde la ley lo permita— y auditorías independientes de las investigaciones que involucren funcionarios públicos, conforme a nuestro principio de transparencia fiscal e institucional (MPA; declaraciones fiscales publicadas).

Conclusión y pedido de reglas claras

La apelación contra Serjal y Ugolini es un test institucional: no solo define penas individuales —9 y 5 años según el fallo— sino que pone en juego la confianza en los mecanismos que deben desarticular redes de corrupción. Vemos una estructura donde hubo operadores judiciales, civiles y empresarios; las preguntas que quedan son fiscales y políticas: quién financió, quién protegió y cómo se reparte la responsabilidad. Exigimos transparencia y auditorías independientes sobre cualquier vínculo público-privado o actuación administrativa derivada de esta causa, en línea con nuestras posiciones previas sobre gobernabilidad y transparencia. Para entender el alcance del caso y sus efectos en la provincia es necesario además que la Legislatura y el Poder Judicial faciliten información pública, sin politizaciones fáciles, sobre el manejo procesal y los montos involucrados. Para reforzar la gobernabilidad hace falta claridad procesal, no solo titulares.