La universidad no se apaga: 24 horas de la UNR por el financiamiento público

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el sistema universitario público realizan una jornada federal bajo la consigna "La Universidad No Se Apaga": 24 horas continuas de actividades, desde las 8 del miércoles 15 de abril hasta las 8 del jueves 16, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, según la convocatoria de la UNR. La propuesta combina clases públicas, debates, proyecciones y servicios comunitarios en espacios como la Facultad de Derecho, el Patio de Talleres del Politécnico y la Plaza San Martín.

La cita y su programa: ¿qué pasa y dónde?

La programación arranca a las 8 del 15/4 con clases abiertas en varias facultades: Trabajo Social Contemporáneo I, materias de Humanidades, talleres de Ciudadanía Digital y actividades en el Politécnico, según la agenda oficial de la UNR. La tarde suma clases en Ciencia Política, Económicas, Bioquímicas y Farmacéuticas, Humanidades y Arquitectura; Exactas ofrece visitas guiadas y el CUR abre el Reactor RA4, todo detallado en la convocatoria. La Facultad de Derecho se convierte en epicentro desde las 16.45, con una batería de materias y actividades culturales que incluyen la proyección de El estudiante a las 23, además de transmisiones y ferias de libros.

A lo largo de las 24 horas habrá puestos de atención a la comunidad: venta de UNR Editora, asesoramiento sobre becas, controles de salud en la Plaza San Martín (presión arterial, agudeza visual y vacunación) entre las 16 y las 20, y vacunación antirrábica para mascotas, según la programación oficial. El bar de Derecho permanecerá abierto y habrá actividades deportivas en el Centro Cultural Fontanarrosa, lo que articula reclamo y vínculo con la ciudad.

¿Qué reclaman y por qué importa?

La demanda central es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, que las casas de estudios y organizaciones estudiantiles sostienen como insuficientemente aplicada, según los organizadores. El reclamo no es abstracto: las universidades afectan servicios y la investigación cuando los recursos no alcanzan —lo que repercute en becas, mantenimiento de edificios y en la capacidad de los institutos para sostener proyectos científicos y técnicos—, según la UNR y agrupaciones docentes. La jornada busca visibilizar esa conexión entre presupuesto y vida académica.

Desde nuestra perspectiva, la defensa de la universidad pública exige presencia estatal sostenida: no alcanza con gestos simbólicos. La educación superior es infraestructura social —cuando falta financiamiento, se pierden salarios, se postergan obras y se achican programas de extensión que sirven a barrios populares como los que rodean la UNR.

¿Cómo impacta esto en Rosario y en los barrios?

La agenda municipal y universitaria se encuentra en espacios concretos: Plaza San Martín, Centro Cultural Fontanarrosa y la Facultad de Derecho son puntos que articulan estudiantes, investigadores y vecinos. En barrios cercanos, la universidad funciona como espacio de empleo, salud y formación; por eso la movilización tiene un componente territorial: exige que el Estado garantice no solo presupuesto, sino políticas públicas que atraviesen la ciudad. La presencia de controles de salud y actividades comunitarias durante la jornada subraya ese vínculo entre reclamo y servicio.

La movilización también abre una oportunidad para escuchar a quienes en los barrios conocen las prioridades locales: estudiantes que trabajan, familias que usan programas de la UNR y vecinos que participan de las ferias culturales. Esa escucha debe ser parte de cualquier respuesta estatal para que las medidas no queden en el papel.

Qué puede pedir y qué debería ofrecer el Estado

Las universidades piden cumplimiento presupuestario, actualización de partidas y diálogo con el gobierno nacional y las provincias. La comunidad universitaria exige transparencia en la ejecución de fondos y compromisos concretos en salarios docentes, becas y mantenimiento edilicio. Desde la editorial sostenemos que el reclamo debe traducirse en planes plurianuales que vinculen financiamiento con metas de investigación y extensión social.

No basta con expresar adhesión a la universidad pública: el Estado tiene que garantizar recursos y políticas coherentes. Pedimos que las negociaciones incluyan plazos concretos y mecanismos de seguimiento públicos: la educación superior no puede ser variable de ajuste. Mientras tanto, la jornada de 24 horas sirve para mostrar a la sociedad qué está en juego dentro de los edificios que muchas veces funcionan como polo de oportunidad en la ciudad.