California busca regular las llamadas al 911 desde centros de detención migratoria
El proyecto SB 423 obligaría a los centros de detención a permitir llamadas al 911 sin costo y con acceso a intérpretes. El gobernador Gavin Newsom tiene hasta el 30 de septiembre para firmar o vetar la iniciativa.
El proyecto de ley SB 423, que ya cuenta con media sanción en ambas cámaras legislativas de California, busca establecer reglas claras sobre el derecho de las personas detenidas en centros migratorios a realizar llamadas de emergencia al 911.
La iniciativa obligaría a los operadores de estos centros —tanto públicos como privados— a garantizar que los detenidos puedan llamar gratis al servicio de emergencias, proporcionar acceso inmediato a intérpretes en distintos idiomas y asegurar que las llamadas no sean objeto de represalias. Además, establece que las instalaciones deben informar a los detenidos sobre este derecho de manera clara y en varios idiomas.
El plazo para que el gobernador Gavin Newsom decida sobre la norma es el 30 de septiembre de 2026. De firmarla, entraría en vigor de manera gradual a partir de 2027. De vetarla, quedaría sin efecto, aunque los legisladores podrían intentar un override si reúnen los dos tercios de los votos en ambas cámaras.
El debate surge en un contexto de crecientes denuncias sobre restricciones en las comunicaciones de personas en detención migratoria, especialmente en instalaciones que operan bajo contrato con el gobierno federal. Organizaciones de derechos humanos sostienen que en varios casos se impidió o demoró el acceso al 911 ante emergencias médicas, agresiones o situaciones de riesgo.
Desde el punto de vista fiscal, la ley no implica un costo significativo para el Estado, ya que la obligación recae principalmente sobre los operadores de los centros. Sin embargo, sus detractores argumentan que podría generar complicaciones operativas y de seguridad en instalaciones que ya manejan poblaciones complejas.
La norma también contempla sanciones administrativas para aquellos centros que no cumplan con las disposiciones, incluyendo multas que podrían llegar a decenas de miles de dólares por infracción reiterada.
En los próximos días se espera que tanto defensores como opositores intensifiquen la presión sobre la oficina del gobernador. El tema se enmarca en una serie de iniciativas legislativas que California ha impulsado en los últimos años para establecer estándares locales más exigentes en materia migratoria, incluso cuando chocan con políticas federales.
La decisión de Newsom será clave no solo por su impacto concreto en miles de personas detenidas en el estado, sino porque podría sentar un precedente que otros estados con alta población migratoria observen con atención.