Contratista admite pagos en efectivo por la obra de Manuel Adorni
El constructor Matías Tabar confirmó que la remodelación de la casa del jefe de Gabinete fue pagada en efectivo y que el costo final alcanzó 245.000 dólares, según su declaración pública y judicial.
El contratista que trabajó en la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció públicamente y ante la justicia que los pagos por la remodelación se hicieron en efectivo y sin contrato formal; según su testimonio, el costo final alcanzó 245.000 dólares. (El Ciudadano / Data Clave).
¿Qué admitió exactamente el contratista?
El relato público de Matías Tabar contiene al menos tres datos concretos que deben tomarse en cuenta: 1) el monto final de la obra fue de 245.000 dólares; 2) el presupuesto inicial, según el propio contratista, había partido en 85.000 dólares y se le sumaron 9.000 dólares por la pileta; 3) no hubo contrato formal y los pagos se realizaron "en efectivo", frecuentemente entregados personalmente por el funcionario. (.
¿Qué implicaciones fiscales y legales tiene este relato?
Pagos en efectivo y ausencia de contrato incrementan el riesgo de evasión tributaria y de incumplimiento de obligaciones laborales en obra privada: sin facturas o contratos resulta más difícil probar origen y destino de fondos, retenciones y aportes previsionales. Además, la declaración pública del monto —245.000 dólares— configura una pista documental que la justicia puede cruzar con registros bancarios, movimientos inmobiliarios y declaraciones juradas. Desde el lente fiscal, la cuestión es simple: si los trabajos hubieran sido facturados, habrían entrado bases imponibles sujetas a IVA y a impuesto sobre los ingresos, y los trabajadores deberían estar registrados. Esos son los elementos que la Auditoría y la fiscalía deberán confirmar en la investigación que ya está en curso (El Ciudadano / Data Clave).
¿Qué nos dice esto sobre la política y la transparencia pública?
Vemos varios ejes claros: primero, la normalización discursiva de pagar "en negro" en la construcción no exime a los funcionarios públicos de rendir cuentas; segundo, cuando la suma es significativa (245.000 dólares) la legitimidad pública exige mayor claridad sobre quién financió qué y con qué recursos. En un contexto de alta sensibilidad fiscal y salarial —con la inflación aun presionando los ingresos de hogares y empleados públicos, como mostramos en nuestro análisis de abril donde el piso del 2% mensual persiste— la tensión es política y social (ver nota: /politica/inflacion-de-abril-desaceleracion-leve-pero-el-piso-del-2-pe-2026-05-14). Nos mantenemos en la demanda de procedimientos claros: auditoría pública de la causa, acceso a las pruebas que obran en la investigación y publicación de las declaraciones juradas completas que permitan seguir el rastro del dinero.
La política provincial y nacional no puede naturalizar la informalidad. Exigimos transparencia fiscal, mecanismos de auditoría y que la investigación judicial avance con celeridad para disipar dudas. La ciudadanía merece saber si se trató de una contratación privada con fallas administrativas o de una operatoria que importe responsabilidades penales y fiscales. Mientras tanto, la posición es clara: rendición de cuentas y medidas que protejan la moralidad pública y la equidad tributaria.