Privatización de rutas nacionales: peajes en Santa Fe y valores que regirán

El gobierno nacional oficializó este lunes la adjudicación de la concesión de ocho rutas que formaban parte de la empresa estatal Corredores Viales. Los contratos tendrán una duración de 20 años y, según la documentación publicada, implicarán la instalación de nuevas cabinas de peaje en tramos de las rutas 11, 9, 19 y 34 en su recorrido por Santa Fe.

El dato clave es que la medida se enmarca en el proceso de privatización vial impulsado desde diciembre de 2023. De las rutas afectadas, la 9 y la 11 son las que mayor tránsito concentran en la provincia, conectando el norte con el sur y vinculando Santa Fe capital con Rosario y el Gran Buenos Aires.

Según los pliegos, en la ruta 11 se prevén peajes en los accesos a San Lorenzo y en la zona de Arocena. En la ruta 9, el corredor que une Rosario con Santa Fe capital y continúa hacia el norte, se instalarían cabinas en las cercanías de Totoras y en el tramo que atraviesa el departamento Las Colonias. La ruta 19, que une Santa Fe con San Francisco, y la 34, que recorre el norte provincial hacia Santiago del Estero, también tendrán puntos de cobro.

Si se mide contra los valores actuales de peajes en otras concesiones, los nuevos montos rondarían entre $1.200 y $2.800 para autos y camionetas según categoría y distancia, aunque los valores exactos se actualizarán por inflación y aún no fueron publicados en detalle por Vialidad Nacional. El costo político de esta decisión no es menor: en una provincia que ya aporta más de lo que recibe en coparticipación, el aumento del costo logístico puede impactar directamente en el precio de los productos que se transportan por estas rutas.

Impacto en la economía provincial

Santa Fe es la tercera provincia productora del país y sus rutas son clave para el traslado de granos, lácteos y manufacturas. La privatización busca mejorar el mantenimiento de los corredores, pero también implica un traslado de costos al usuario. Los transportistas ya advirtieron que cualquier incremento en peajes se traslada a las tarifas de flete, lo que termina pagando el productor y el consumidor final.

La pregunta de fondo es si el canon que pagarán las empresas concesionarias compensará el mayor gasto que deberán afrontar los santafecinos. Los pliegos establecen que parte de lo recaudado en peajes deberá reinvertirse en obras de repavimentación y señalización, pero la experiencia de concesiones anteriores muestra que el cumplimiento no siempre es automático.

Desde la perspectiva fiscal, esta decisión nacional reduce el gasto del Estado en mantenimiento vial pero genera un nuevo impuesto indirecto para quienes usan las rutas. En un contexto donde la paritaria docente y estatal santafecina discute aumentos por debajo de la inflación, el encarecimiento del transporte no es un detalle menor.

Lectura política y lo que viene

La adjudicación se da en un año electoral y el oficialismo nacional la presenta como una forma de “desburocratizar” y mejorar la infraestructura sin costo fiscal. Sin embargo, en Santa Fe la tensión entre Nación y provincia es permanente: la coparticipación injusta ya genera reclamos constantes del gobernador Pullaro. Ahora se suma este nuevo costo vial.

La Legislatura provincial podría debatir algún tipo de compensación o exención para vehículos de transporte escolar y de salud, aunque por ahora no hay anuncios en ese sentido. Las empresas que resultaron adjudicatarias deberán presentar los proyectos de inversión en los próximos 90 días.

El dato que desmiente el discurso oficial es que, si bien se promete mejor mantenimiento, en los últimos años varias de estas rutas mostraron un deterioro evidente pese a estar bajo administración estatal. La privatización no garantiza mágicamente mejores rutas, pero sí garantiza que el usuario pagará más. La lectura política de esto es clara: el costo se traslada al sector productivo santafecino en un momento de márgenes ajustados por la sequía reciente y los precios internacionales volátiles.

Queda por ver cómo impactará esto en el interior provincial, especialmente en el norte donde la ruta 34 es arteria fundamental para el comercio con el NOA. Por ahora, los números dicen que el santafecino que viaja o transporta mercadería pagará más por transitar rutas que ya financia con sus impuestos.