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Un sinfín de irregularidades del geriátrico PRO sepultó su vínculo con el Pami Santa Fe

La conducción de la obra social de los jubilados dispuso evacuar a todos sus afiliados de la residencia de adultos mayores vinculada a la ex diputada Alejandra Vucasovich, que tuvo como administrador al concejal Sebastián Mastropaolo. La razón: “la gravedad extrema de sus falencias”. Malas condiciones de habitabilidad, falta de atención médica e higiene y robos reiterados.

Pami Santa Fe
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Por Gustavo Castro (@PelaCastroOk)

 

La directora ejecutiva del Pami Santa Fe, Jorgelina Casineri, resolvió este jueves evacuar a todos los afiliados del geriátrico San Pablo tras haber detectado gravísimas irregularidades, según la documentación a la que accedió Diario Santa Fe. Se trata de la residencia ubicada en el norte de la capital provincial, cuyas vinculaciones políticas y antecedentes de maltrato a los jubilados reveló este portal hace tres años.

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El origen de esta decisión se encuentra en tres denuncias por deficiencias de atención que recibió la delegación local del Instituto:

*La hija de un jubilado asegura que “las malas condiciones de habitabilidad del geriátrico fue una de las causas del agravamiento de su salud”.

* El apoderado de otro afiliado asevera que hay “falta de atención médica y cuidados”.

* La hija de una residente del geriátrico afirma que existe “falta de médico, terapeuta, plan de alimentación, de insumos, enfermería, higiene y hurtos reiterados”.

 

Ante esta situación, el Pami Santa Fe realizó una auditoría el 9 de marzo pasado, en la cual quedó “probado que el RAM San Pablo no posee la capacidad prestacional para contener a los residentes, siendo el riesgo que corren de gravedad extrema, considerando la evacuación inmediata de los residentes en honor al interés público comprometido, a los efectos de evitar un daño mayor al tener las áreas comprometidas ‘médica, enfermería, asistente social, documental, seguros y habilitaciones’, falencias graves en general y de acuerdo a las denuncias, individual”.

 

Con este estado de cosas, el Instituto le notificó los lapidarios resultados al geriátrico, que “formula descargo que no logra revertir las imputaciones”. En consecuencia, el Equipo Jurídico del Pami emitió el 17 de junio un dictamen “en el que se concluye que quedan acreditados los incumplimientos antes señalados, lo que merece la aplicación de multas” y donde se sentencia que “quedó comprometido el interés público del resto de los residentes ante la gravedad extrema en sus falencias”. La Subgerencia de Atención a la Dependencia y el Departamento de Atención en Residencias de Adultos Mayores compartieron el criterio.

 

Así, Casineri dispuso “aplicar al RAM San Pablo una multa equivalente al cinco por ciento (5%) de la última facturación general mensual presentada por el prestador; más un cien por ciento (100%) del costo individual mensual de tres (3) aranceles”.

 

Pero además, la titular local de la obra social de los jubilados fue más allá: ordenó “gestionar la evacuación inmediata de los residentes en honor al interés público comprometido” y “elevar estos actuados a Nivel Central a los efectos que consideren la suspensión y/o baja de este efector”.

 

La dueña directa o indirecta del geriátrico San Pablo, Alejandra Vucasovich, se despachó días atrás con una curiosa propuesta a partir del debate sobre Vicentin: llamar a un plebiscito para crear la “República del Centro”. Se desconoce si en ese nuevo país los ancianos podrán vivir en residencias menos deplorables.