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Un dictamen de Fiscalía de Estado, en medio de la caída de la consulta por la reforma constitucional

El titular del órgano jurídico del gobierno provincial, Pablo Saccone, dejó por escrito varias objeciones sobre la realización de la fallida convocatoria. Lo hizo el mismo día, horas antes, de que Lifschitz anunciara que la bajaba. Contrataciones a dedo, incorporación discrecional de autoridades de mesa, delegación irregular de responsabilidades del gobernador, votantes impedidos por la Constitución, entre otros reproches.

Lifschitz gabinete final
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Por Gustavo Castro

 

El Fiscal de Estado de la provincia, Pablo Saccone, firmó el 9 de mayo el dictamen N° 155 referido a la consulta sobre la reforma constitucional, luego caída en desgracia, en el que incluye varias objeciones respecto de su formato de ejecución.

 

El documento, al que tuvo acceso Diario Santa Fe, fue rubricado horas antes del anuncio del gobernador Miguel Lifschitz de que la consulta no se haría. Primer dato: el derrumbe se decidió de un momento para el otro o estaba sólo en el círculo más íntimo del mandatario. Esta conclusión se desprende de la verificación mediante el escrito de Saccone de que el trámite administrativo seguía a todo vapor, más aún teniendo en cuenta de que el funcionario no tiene pretensiones de neutral: ocupó distintos cargos políticos en la municipalidad de Rosario durante varias gestiones socialistas, desde 1995 a 2011, cuando se incorporó a la Provincia en el actual rol.

 

Consulta Reeforma

 

En el dictamen, antes que nada, Saccone se preocupa por dejar aclarado que “la decisión de convocar a una Consulta Popular referida a la necesidad y conveniencia de la revisión y reforma de la Constitución Provincial representa una cuestión de alta política y mérito del Poder Ejecutivo que se presenta como un aspecto no revisable, por razones de competencia, por parte de esta Fiscalía de Estado”.

 

Pero posteriormente abunda en reproches sobre el armado de la fallida votación, ya sea con argumentos propios o haciendo suyas opiniones de instancias técnicas del Estado santafesino. Como el texto está en escrito en críptico –y diplomático- idioma leguleyo, con citas y referencias no aclaradas para el común de los mortales sobre leyes, decretos y dictámenes, se intentará aquí hacer una traducción al castellano básico.

 

Uno de los puntos objetados está relacionado con la intención de evitar licitaciones y avanzar en contrataciones directas con el argumento de la urgencia. Saccone responde que hubo tiempo suficiente para tomar las previsiones del caso. El decreto de convocatoria a consulta fue firmado por Lifschitz en diciembre del año pasado.

 

En el mismo sentido, el diseño administrativo de la votación incluía la delegación total de las contrataciones en el secretario de Tecnologías de Gestión, Ignacio Tabares. El Fiscal de Estado sostiene que aún en casos especiales, el gobernador debe poner su firma aunque sea en las decisiones de mayor magnitud.

 

Además, la propuesta oficial planteaba excepciones en las reglas de incorporación de personal, concretamente aquellas que exigen “idoneidad requerida para llevar a cabo las tareas”, que debe acreditarse por la vía de “evaluaciones de Antecedentes y/o de Conocimientos y/o de Habilidades”. El funcionario advierte que “no se explicitan acabadamente” las razones para esta gambeta, que incluye nada menos que a las autoridades de mesa.

 

Por otra parte, hay reproches referidos a la votación en sí misma, en este caso con una adhesión de Saccone a la opinión jurídica del personal de carrera. En concreto, la consulta popular preveía la participación de extranjeros, posibilidad que está vedada por la Constitución de la provincia en tanto habilita ese derecho sólo en elecciones municipales. Y también había una contradicción: los ciudadanos podían votar en la consulta popular, que es opcional, sin necesidad de hacerlo en el comicio general, que es obligatorio.

 

Estos puntos, entre otros, conforman el tronco crítico del dictamen y constituyen el dato novedoso, a diferencia de la opinión válida sobre la consulta y su realización, que es previsible. Seguramente el gobernador tomó la decisión de bajarla por otras razones pero sin dudas la opinión de Saccone no ayudó a sostenerla.