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Un decreto de Lifschitz admite irregularidades en una contratación de Pullaro

El gobierno adjudicó a dedo la provisión de agua caliente para la escuela de policía de Rosario sin siquiera pedir cotización a otras empresas. El argumento fue que se había roto la caldera y que debía resolver el problema con urgencia. Pero documentos oficiales revelan que hubo advertencias y proyectos desde al menos dos años antes. El Tribunal de Cuentas lo observó. Y el propio gobernador aceptó las objeciones pero sostuvo que dar marcha atrás sería peor.

Lifschitz Pullaro
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Por Gustavo Castro

 

El gobernador Miguel Lifschitz firmó el 24 de septiembre pasado el decreto N° 2812 mediante el cual ratifica la contratación directa de la empresa Coirini S.A. para la ejecución de la obra del nuevo sistema de agua caliente de la escuela de policía de Rosario, pese a que allí mismo admite varias irregularidades observadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia.

 

El comienzo de este particular procedimiento se puede leer en otro decreto de Lifschitz, el N° 1608 del 28 de junio de este año, en el cual se aprueba el proceso realizado por el ministerio de Seguridad, a cargo de Maximiliano Pullaro. Allí se ve que la Dirección Provincial de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto de esa cartera convocó a una contratación directa para realizar la obra en cuestión ante la “suma urgencia” del tema “debido que actualmente no se cuenta con agua caliente en los dormitorios y baños, y agravándose en el hecho que ingresaron nuevos cadetes que son alojados en la Escuela de Policía”, todo lo cual exige “impostergable resolución”.

 

En ese mismo documento se observa que, a diferencia de lo que ocurre habitualmente, se le pidió cotización a una sola empresa: Coirini S.A. Según su página web, la compañía es una “constructora de obras civiles, de arquitectura e industriales de todo tipo”, que “tiene contratadas varias obras con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con sus Ministerios de Infraestructura, de Obras y Servicios Públicos, de Educación, y con su Secretaría de Habitat y Vivienda. También está ejecutando en Unión Transitoria con la empresa Idea SA la construcción integral del Nuevo Edificio de Tribunales de Reconquista para la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, constituyendo hasta la fecha la obra emblema de Coirini SA, con 7800m2”. Su propuesta económica para el sistema de agua caliente de la escuela de policía, rápidamente aceptada, fue de $ 2.670.444, un 12,26% por arriba del presupuesto oficial.

 

Dos meses después, a través de la Observación Legal N° 14/19, el Tribunal de Cuentas puso en jaque la argumentación gubernamental. Según el órgano de contralor, existe “falta de  justificación del supuesto de urgencia y la ausencia de acreditación de una pluralidad de oferentes que permita comparar distintas cotizaciones”.

 

El segundo aspecto aparece bastante evidente y no merece mayor desarrollo. El primero, en cambio, y que además opera como justificativo para el otro, necesita una serie de precisiones. En ese sentido, el decreto de Lifschitz de hace menos de un mes menciona que la Dirección Provincial de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto “expresó haber dispuesto trabajos pertinentes a los fines de hacer un exhaustivo relevamiento pues es central disponer de agua caliente para las tareas que desempeña la Escuela. Y expuso que el trabajo llevado a cabo en los últimos días del mes de febrero ‘arrojó un diagnóstico que los equipos que presentan fallas tienen un alto grado de deterioro y envejecimiento a consecuencia de su normal de uso’”. Primer dato: la caldera del instituto policial caducó por el mero paso del tiempo y no por una falla imprevista.

 

El documento oficial agrega que esa área “en el mes de agosto de 2017 solicitó al Ministerio de Obras Públicas la elaboración de un proyecto y de los pliegos pertinentes para reforzar las calderas de las instalaciones de calle Alem 2050 de la ciudad de Rosario. Aclaró que sin embargo, recibida la documentación elaborada por la Unidad Central de la DIPAI, en diciembre de 2017, la misma fue desestimada por no ajustarse a lo pretendido. Que, en consecuencia, se comenzó a elaborar otro proyecto, en trabajos que se realizaron durante los meses de agosto, septiembre y octubre -del ario 2018- con miras a dar solución de fondo a la cuestión, permitiendo programar el mantenimiento y las reparaciones, así como futuras ampliaciones, sin alterar la normal provisión del servicio”. Segundo dato: hace más de 2 años estaba clara la necesidad de renovar el sistema de agua caliente.

 

En la misma línea, en el decisorio figura que “también consta en el trámite que el propio I.Se.P. (Instituto de Seguridad Pública) en fecha 1.9.2017, había requerido la adquisición de una caldera y a ese efecto había solicitado la revisión del sistema por parte de dos empresas”. Tercer dato: la propia escuela de policía pretendía hace dos años avanzar con una adecuación del servicio.

 

Ante esta situación, Fiscalía de Estado –los abogados del gobierno- emite el dictamen N° 324/19, cuyos argumentos son hechos suyos por Lifschitz en su decreto. Dice: “Que en ese contexto admite razonable cuestionamiento si lo acontecido con la caldera puede ser considerado como una urgencia de carácter inmediata -e incluso imprevista- que diera sustento a aplicación de excepción del art. 20° inc. c) de la Ley N° 5188. Si bien, en ese sentido, desde la jurisdicción se podrá señalar que fue inesperado o repentino que la caldera dejase de funcionar en el mes de febrero de 2019, la necesidad de reemplazar la misma atento a su insuficiencia para dar abasto -por sus características- a la duplicación de la cantidad de cadetes, aparte de su antigüedad y las certificaciones que se realizaron del estado de la caldera, dan evidencia de la situación crítica en la que se encontraba, y conduce por ende a tener como procedente lo observado por el Honorable Tribunal de Cuentas en ese punto”. Y añade: “Que esto no implica desconocer que fuera de verdadera e ineludible necesidad el reemplazo de la misma con la mayor celeridad posible, por el contrario, pero las circunstancias del caso no autorizan a interpretar que la gestión presentara las condiciones de inmediatez y de imprevisión debida para que se configure el supuesto de urgencia, que permita excepcionar el procedimiento ordinario de contratación”. En síntesis: el gobernador acepta que el argumento para evitar la licitación y avanzar en una contratación directa es inválido.

 

Resolución Lifschitz Pullaro

 

 

En el párrafo posterior también admite que el dedazo en la adjudicación es irregular: “Que con esto en miras, tampoco puede rebatirse adecuadamente lo objetado por el Órgano de Control Hacendal en torno a la ausencia injustificada de otros oferentes”. Esto significa, en definitiva, que para el propio Lifschitz los dos ejes del reproche del Tribunal de Cuentas son legítimos. A confesión de partes, relevo de pruebas.

 

Pese a todo ello, el mandatario decide dejar de lado la objeción del organismo y ratificar lo hecho ya que “actuar de manera irrestricta conteste con la Observación Legal formulada podría generar efectos más disvaliosos para el interés público comprometido que cumplir con la legalidad formal de modo solemne, por lo que en consecuencia, estimo que el Poder Ejecutivo, en meritación de alta política y de conducción superior, que hace cesar la jurisdicción y competencia del Tribunal de Cuentas generando una eventual responsabilidad política, se encuentra en condiciones de emitir un acto de insistencia”. En criollo y parafraseando –con una leve variación- a un recordado comunicador regional: la macana ya está hecha.