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Según Lifschitz, Cristóbal López replicó sus maniobras con impuestos en Santa Fe

En 2012, la Provincia le impuso una multa a Oil Combustibles y a su presidente Fabián De Sousa por “defraudación y omisión”. Es por haber retenido indebidamente lo recaudado por el impuesto a los Ingresos Brutos, según el argumento oficial. Es la misma operatoria que llevó a los empresarios a la cárcel con el tributo a las naftas. Hubo apelaciones administrativas pero ahora el gobernador las rechazó

Cristobal Lopez
Cristóbal López

Por Gustavo Castro

 

El gobernador Miguel Lifschitz cerró el 22 de junio pasado el circuito administrativo de una multa a Oil Combustibles, emblema del conglomerado empresario de Cristóbal López y Fabián De Sousa, que expone la certeza oficial de la existencia de maniobras irregulares con impuestos provinciales al estilo de las que terminaron con ambos ejecutivos en la cárcel, esto último con el abierto beneplácito e impulso de la administración de Mauricio Macri.

 

Así surge del decreto N° 1605, al que tuvo acceso Diario Santa Fe, en cuyos considerandos se pueden leer los capítulos de esta remake local de la novela político-empresarial que ocupó buena parte de la atención de los medios de comunicación en los últimos años.

 

En 2011, durante el gobierno de Hermes Binner, la Administración Provincial de Impuestos (API) abrió un sumario a Oil Combustibles por “presunta infracción al cumplimiento de sus obligaciones fiscales como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”. Al año siguiente, en la gestión de Antonio Bonfatti, se cerró la investigación y el ente recaudador resolvió aplicar a la empresa y a su presidente Fabián De Sousa “recargos por mora y multa por defraudación y omisión”.

 

Cristobal

 

En concreto, el organismo sancionó a la firma y su titular por haber cobrado el tributo en la venta de combustibles y no haber hecho el depósito correspondiente al fisco santafesino, concretamente en las quincenas 10,11, 12, 13, 14 y 17. Es la misma operatoria que se le endilga judicialmente a nivel nacional con el Impuesto a la Transferencia de Combustibles. Con inicio contemporáneo pero a otra escala, claro está.

 

Ante esto, Oil y De Sousa interpusieron “en tiempo” recursos de reconsideración, que fueron rechazados en 2016, ya durante el gobierno de Lifschitz, además de requerirles “el ingreso de las sumas adeudadas”.

 

En este contexto, los multados presentaron recursos de apelación, en los que aseguran que “no hubo intencionalidad de adueñarse de los fondos mediante la realización de cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación y/o maniobra tendiente a tal fin”. Afirman también que “el hecho de conservar las retenciones por un lapso no prolongado es indicativo de ausencia de intención fraudulenta”. Aseveran además que “demostraron intención de cumplir con sus obligaciones fiscales al presentar oportunamente las declaraciones juradas de las quincenas en cuestión, generando los volantes de pago electrónicos (V.E.P.) de donde surgen los montos a ingresar y las fechas de vencimiento”. Y destacan asimismo que “al tomar conocimiento del incumplimiento procedieron a realizar todos los actos tendentes a su inmediata cancelación, la que se produjo el 25 de agosto de 2011, antes del vencimiento del plazo otorgado por la Administración para hacerlo”.

 

El argumento más llamativo de Oil y De Sousa es el que introducen al final: “el error en el pago no fue imputable a la firma pues se originó en un defecto de los sistemas informáticos implementados por el proveedor o especialista contratado”. E insisten: “la falta de intencionalidad surge más evidente al apreciar que el ingreso tardío se produjo en los primeros meses de actividad de la empresa durante el período de adaptación de los sistemas informáticos”.

 

En síntesis, la empresa de combustibles y su presidente se defienden con el hecho de que la plata retenida seguía en sus cuentas y no gastada, que después fue usada efectivamente para cancelar la deuda y que la irregularidad fue consecuencia de desacoples con sus proveedores informáticos. Advierten, en consecuencia, sobre la “improcedencia de la multa” y “la desproporción entre el valor de la multa y el daño eventualmente causado al fisco”.

 

Con la pelota nuevamente en la cancha del Estado, y siempre en 2016, primero la Dirección General de Asesoría Letrada del Ministerio de Economía y luego la Fiscalía de Estado aconsejaron rechazar las apelaciones. En este último caso, el dictamen señala que un agente de retención “posee frente al Fisco mayores obligaciones que un simple contribuyente, y cuenta -o debería contar- con el asesoramiento suficiente para dar debidamente cumplimiento a sus obligaciones fiscales”. Considera además que “es lógico darle un tratamiento particular a estos agentes cuando los tributos fueron retenidos o percibidos para el Fisco pero no fueron depositados” e indica en ese sentido que “que tampoco se requiere en estos casos mayor prueba de una intención defraudatoria, pues si el agente procedió a efectuar la retención, en principio no hay justificativo que amerite no realizar su depósito”. Y concluye: “la norma contempla que esta conducta no será penada tan sólo si se probase la imposibilidad de cumplimiento por fuerza mayor o disposición legal, siendo imposible considerar que la situación alegada por los recurrentes constituya una causal de fuerza mayor eximente de responsabilidad”.

 

Dos años después, hace poco más de una semana, el gobernador Miguel Lifschitz y su ministro de Economía Gonzalo Saglione le pusieron la firma al decreto N° 1605, en el que rechazan “por improcedentes” los recursos de apelación de Oil Combustibles y Fabián De Sousa. De esta manera se cierra la contienda administrativa. Queda abierta la vía judicial.