Ir a pagina principal
YouTube Twitter Facebook

Puerto de Santa Fe: la justicia federal pide investigar a Vorobiof por evasión

Para la AFIP, durante la gestión del ex titular del Ente Administrador Puerto de Santa Fe se presentó documentación falsa con el fin de evadir impuestos, por lo que la justicia federal solicitó medidas. Vorobiof tiene un procesamiento firme por "negociaciones incompatibles con la función pública" y "peculado". La sindicatura había advertido al entonces gobernador, Antonio Bonfatti, de las irregularidades en el Puerto.  Pero el Ejecutivo decidió hacer oídos sordos.

Vorobiof bonfatti sciara
Antonio Bonfatti, Marcelo Vorobiof y Ángel Sciara

Por Nicolás Lovaisa (@nicolovaisa 

 

El ex titular del Ente Administrador Puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof, otra vez está en la mira de la justicia. Esta vez, la federal. El fiscal Walter Rodríguez solicitó promover la acción penal contra el ex funcionario por el presunto delito de “evasión impositiva agravada”, durante su gestión al frente del EAPSF. Cabe recordar que Vorobiof tiene un procesamiento firme en la justicia provincial por “negociaciones incompatibles con la función pública” y “peculado”, en una causa en la que quedó al descubierto el armado de empresas fantasmas, integradas por familiares directos del máximo responsable del puerto, para facturarle servicios al Ente.

 

Según un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante 2012 y 2013 el organismo presentó documentación apócrifa, lo que le permitió evadir $488.671,73 en 2012 y $462.097,52 en 2013. Teniendo en cuenta la cotización del dólar en esos años, la defraudación al Estado fue de aproximadamente 170 mil dólares. Para la AFIP, “los responsables del Ente ocultaron su obligación tributaria mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado de los ejercicios fiscales 2012 y 2013, respaldados con documentación apócrifa”.

 

En su informe, además, quedan claras varias de las irregularidades ya denunciadas, por otros delitos, en la causa que se tramita en la provincia. Entre ellas, por ejemplo, la incorporación como proveedor de Aníbal Daniel Carioliche, quien por servicios como “limpieza de elevadores de descarga de cereales, limpieza de silos, sótanos y tolvas” percibió, supuestamente, un total de 163.962,08 pesos (aproximadamente 38 mil dólares). Sin embargo, todo indica que Carioliche era simplemente un prestanombre: según empleados del puerto, iba a cobrar los cheques “siempre acompañado por alguien cercano a Vorobiof”. Un detalle: seis meses después de esas tareas, Carioliche fue detenido por un homicidio. En 2015 fue condenado a 14 años de prisión.

 

No sólo para cobrar cheques utilizaron a Carioliche. También para integrar la firma Rumbo Portuario SRL, junto a Rodrigo Carelli y su esposa, María Guadalupe Oroño, cuyo directorio estaba integrado por dos personas del Ente vinculadas a Vorobiof: Fernando Molinari y Sebastián Alonso. Esa firma tuvo la suerte que desea cualquier emprendedor: apenas un día después de su creación, el Ente Portuario le asignó obras de “desmalezamiento y mantenimiento de espacios verdes”. Cobró por diferentes obras entre el 22 de diciembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2012 un total de 1.094.957,76 pesos. Según el cambio de aquel momento el equivalente a, aproximadamente, 245 mil dólares. En total, le adjudicaron tareas por más de 2 millones de pesos.

 

Puerto corral barleta vorovioff final
Vorobiof, Barletta y Corral. Tres hombre del radicalismo universitario.

“Esa empresa se creó para facturarle al Puerto sin hacer nada. Todas esas tareas se realizaban con máquinas, combustibles y camionetas del propio puerto. A veces incluso las tareas las realizaban gente de la Cooperativa, ni siquiera de la empresa”, afirmó un trabajador del EAPSF, que pidió reserva. Según la pericia contable oficial, algunas de las órdenes de pago fueron firmadas por personas de las que “se desconoce su relación con la empresa contratista”. Una de ellas vinculada a la empresa Las Brisas, dedicada a la producción de productos orgánicos y propiedad de, no casualmente, Vorobiof, un “proyecto de familia”, tal como puede leerse en su sitio.

 

El fiscal federal Rodríguez solicitó promover la acción penal contra Vorobiof, y dispuso además una serie de medidas: que “se despejen las circunstancias de las adjudicaciones que favorecieron a Rumbo Portuario SRL”, que “se certifique el Estado actual de la causa seguida a Marcelo Héctor Vorobiof ante la justicia provincial” y que se requiera una copia de la pericia contable realizada al Ente, en el marco de esa causa (parte de esa pericia, puede leerse aquí).

 

Bonfatti sabía del Puerto

 

Lo que está claro es que la gestión del entonces gobernador de la provincia, y actual precandidato a gobernador, Antonio Bonfatti, estaba al tanto de las groseras irregularidades cometidas por Vorobiof en el Puerto.

 

La Sindicatura General de la Provincia elaboró informes en los meses de junio de 2012 y 2013. La SIGEP, que es el órgano de control interno del gobierno, desnudó todas las irregularidades que hoy investiga la justicia. Pese a esos informes, que fueron presentados en la Dirección Provincial de Entes Portuarios y Túnel Subfluvial, que depende del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, el Ejecutivo decidió no actuar.

 

Allí, por ejemplo, se refería específicamente a la situación de la empresa Rumbo Portuario, una de las empresas fantasmas montadas durante la gestión Vorobiof. Fue allanada y se demostró que allí sólo hay una casa de familia. Cuando el Ministerio de Trabajo requirió la presencia de una autoridad de la firma, se hizo presente en el lugar Sergio Vázquez, yerno de Vorobiof.

 

Ya en 2012 la SIGEP remarcaba que “la presentación de Rumbo Portuario ante los organismos oficiales pertinentes (AFIP, API, Registro Público de Comercio) son de fecha posterior a la oportunidad de presentar ofertas (implica que no estaba regularmente constituida al momento de observar y no puede decirse que a la fecha lo esté)”.
 

En junio de 2013, un año después, la SIGEP remarcaba que el capital social de la empresa es de 100 mil pesos y que las dos obras que le fueron adjudicadas (una de ellas un día después de su creación) ascienden a “un monto cercano a los 600 mil pesos”. Además, sostiene que “el objeto social con el que se constituyó es notoriamente incompatible con las gestiones adjudicadas por el EAPSF”.

 

 
Más información: