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Perotti intervino el puerto de Reconquista controlado por Vicentin

El gobernador tomó esta decisión tras recibir un informe lapidario del representante de la Provincia en el Ente Portuario. Allí se denuncia un rosario de groseras irregularidades y desmanejos que involucran a la concesionaria, propiedad del pulpo empresario. Descontrol estatal, negocios particulares y falta de “apego a normas éticas y accionar transparente”. Un dato: desde 2004 no hay registros de actividad, pero el funcionario santafesino ya detectó acopio y descarga de al menos un barco.

PuertoReconquistaVicentin
Puerto de Reconquista

Por Gustavo Castro (@PelaCastroOk)

 

El gobernador Omar Perotti firmó el 29 de junio el decreto N° 574 por el que dispone la intervención del Ente Portuario Puerto Reconquista (EAPRe) por 180 días y designa como titular al actual representante de la Provincia en la entidad, Martín Deltin, autor de un explosivo informe que derivó en esta decisión oficial.

 

Antes de ingresar a la descripción de la catarata de irregularidades desplegada en esa entidad es necesario tener en cuenta un dato relevante: en 1999 una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA, tal como consta en http://eapre.gob.ar/puerto.htm . Cosas de la vida: hoy el presidente de Vicentin SAIC es Daniel Buyatti, casado con la hija del fundador del gigante empresario.

 

Según el decisorio de Perotti, al que Diario Santa Fe tuvo acceso, el 14 de febrero pasado “se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados”, en el que primeramente se revela un hecho insólito: “la ‘Terminal A’, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.

 

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En el mismo sentido, agrega que “ello es así porque ‘Terminal A’ no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno, no realiza depósito de cereales y afines, ni acciones tendientes al uso comercial, por sí o por terceros, configurándose así un apartamiento del destino comercial del puerto”.

 

En este contexto, el gobernador apunta a Ríos del Norte SA pero también a los directivos de la entidad: “esta situación no sólo representa un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual, sino que además conlleva responsabilidades de las autoridades del EAPRe en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.

 

Sin embargo, luego advierte que Deltin denunció ante Prefectura el 26 de mayo de este año “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Trasbordador ‘Cynthia’ matrícula 01478”. Con lo cual la duda es evidente: ¿no hubo actividad en 16 años o la hubo en negro?

 

Por otra parte, el decreto de Perotti señala que “la ‘Terminal B’ utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista — Goya”, que “el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías, como el estacionamiento destinado a la aduana, parte de la ‘Terminal A’ utilizada como playa de automóviles e ingreso a la mencionada guardería” y que “los depósitos pertenecientes al EAPRe, uno de ellos incorporado a la guardería Costa Norte, primero como préstamo de uso, luego como mayor superficie concesionada, son hoy depósito de lanchas, mientras que el depósito (dentro del área concesionada a ‘Río del Norte S.A.’), con balanzas a los laterales y rampas de carga en proximidad, es hoy también depósito de lanchas y yates”.

 

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Ante esta situación, el gobernador dispara: “por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley en su art. 1: ‘funciones de administrar y explotar los respectivos puertos, manteniendo el destino comercial al momento de la creación del ente portuario’ y en su art. 8: ‘queda vedado a los entes el otorgamiento de autorizaciones, permisos y/o concesiones que constituyan monopolios a favor de permisionarios o concesionarios’”.

 

Eso no es todo. Más adelante, el decisorio precisa que “según surge de las del Actas de Directorio, se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, una confusión de funciones y responsabilidades y que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la Ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”.

 

En ese aspecto, el documento revela negocios particulares con el EAPRe. Afirma que hay un “grave incumplimiento en cuanto a la Fiscalización y Control (…) no respetándose el esquema de auditoría externa, y siendo el Síndico en ejercicio quien oficiara de contador del Ente, confeccionara, suscribiera y a la vez desempeñara el rol de auditor externo de los Estados contables, y asimismo su estudio contable llevara la administración económico-financiera del Ente”, lo cual “presenta un evidente incumplimiento de la fiscalización y control que implica una auditoría externa, una incompatibilidad ética y confusión de roles”. Y añade que “se suma la situación de que uno de los directores fue designado apoderado legal del Ente”.

 

“Todo ello deriva en que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable fundadamente por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos, entre los que cabe resaltar el apego a normas éticas y al accionar transparente y que amerita ser rectificado”, sentencia.

 

Hay más. El informe Deltin, citado en el decreto de Perotti, asegura que “a la primera reunión del Directorio que se convocó en sede del municipio, con excepción del representante del municipio y de los trabajadores en el Directorio, las notas de las empresas y/o entidades privadas que acreditan la designación de sus representantes en el mismo, con correlato en el Libro de Actas y demás documentación obrante en el ente, corroboran que todos los nombramientos se encuentran vencidos”.

 

Asimismo, se asevera que “no existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de Diciembre de cada año, confeccionado en un plazo de ciento veinte (120) días corridos al cierre y aprobado dentro de los treinta (30) días subsiguientes, ni tampoco obran en el Ejecutivo Provincial constancias del cumplimiento de esta disposición”.

 

En este marco, y “ante la gravedad de los hechos detallados”, Perotti ordena intervenir por 180 días el EAPRe con Martín Deltin a la cabeza, a quien se le requiere finalizado el plazo “un informe circunstanciado de las medidas adoptadas y a adoptar para dar cumplimiento a los fines perseguidos con el presente decreto”, como así también se encomienda a la Sindicatura General de la Provincia “una auditoría integral del ente (…)  con facultades de ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique”.

 

La “empresa familiar” y sus socios formales e informales no se privaron de nada.