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Municipios y comunas de Santa Fe ya pueden clausurar comercios por aumentos de precios

Así lo dispuso por decreto el gobernador Perotti, quien argumentó “razones de proximidad e inmediatez”. Deben realizar inspecciones y labrar infracciones. Y “en caso de reiteración de faltas” tienen la facultad de determinar “la clausura preventiva y provisoria de establecimientos comerciales”.

Municipalidad de Santa Fe
Municipalidad de Santa Fe

Por Gustavo Castro

 

El gobernador Omar Perotti firmó el 6 de abril el decreto N° 319 mediante el cual faculta a los municipios y comunas a participar en los controles de precios y eventualmente clausurar comercios por infracciones reiteradas.

 

El decisorio, al que tuvo acceso Diario Santa Fe, explica que “se toma imprescindible intensificar acciones de defensa y protección de los derechos de usuarios y consumidores”, con lo cual se instruye “que los municipios y comunas, en virtud de incuestionables razones de proximidad e inmediatez, proyecten tareas de control público en materia de comercialización de bienes y servicios”. Además, se deja en claro que “la urgencia en el control que requieren las circunstancias actuales en protección de usuarios y consumidores desborda la posibilidad de que dicha atribución sea asumida por la organización actual de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios” de la provincia.

 

En el documento suscripto por el mandatario santafesino se puntualizan más adelante las facultades ahora compartidas con los Estados locales. Entre ellas se incluye recibir denuncias, realizar inspecciones, labrar actas de infracción y “disponer, en caso de reiteración de faltas durante la sustanciación del procedimiento respectivo, la clausura preventiva y provisoria de establecimientos comerciales”. Hay asimismo otro ítem lo suficientemente amplio para casos de emergencia: “determinar preventivamente, cuando exista peligro grave, sea actual o inminente, para la salud o seguridad de la población, las medidas que resulten necesarias para la defensa efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios”.

 

Ante este escenario de descentralización, el gobernador ordenó “que a los efectos de mantener una unidad en los procedimientos a seguir por los funcionarios competentes de los distintos entes territoriales menores, se entiende conveniente establecer un modelo de acta de infracción común a todos ellos, como así también un protocolo de actuación”, que está incluido en el decreto.

 

¿Existe alguna razón que seduzca a intendentes y presidentes comunales a realizar estas funciones más allá de la defensa del bolsillo de sus vecinos? Sí. Se fija “una retribución económica porcentual por el monto de cada multa efectivamente percibida, justificada en el acta de infracción municipal o comunal que se emita”. En el articulado se establece que ese número es el 25%.

 

Esta medida, que anticipa la anunciada por el presidente Alberto Fernández, exigirá una reorganización de los municipios y comunas respecto de sus áreas de Defensa del Consumidor. Para dar una idea: la capital provincial tiene solamente cuatro inspectores.