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La militancia al poder (judicial)

Por una resolución del Fiscal General, Jorge Baclini, 195 personas pasaron del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. En la lista hay actuales y ex candidatos del Frente Progresista, militantes del MNR y la hermana de la actual precandidata a vicegobernadora, María Victoria Tejeda. El año pasado, Baclini también contrató a la hija de la diputada Clara García, actual pareja del gobernador, Miguel Lifschitz. El Sindicato de Trabajadores Judiciales pidió que se impugne la decisión. Son cada vez más los funcionarios del gobierno provincial que pasan a las filas de la justicia.

Lihschitz Baclini
Jorge Baclini (Fiscal General) y Miguel Lifschitz

 

Por Nicolás Lovaisa (@nicolovaisa )

 

 

En un año electoral, en el que el Frente Progresista Cívico y Social pondrá en juego su continuidad al frente de la Casa Gris, una enorme cantidad de integrantes del Poder Ejecutivo pasarán a formar parte del Poder Judicial. Nada nuevo, teniendo en cuenta que en los últimos años ha sido común ver cómo funcionarios (casi siempre del área de seguridad, ni más ni menos) pasaron a ocupar cargos importantes en el Ministerio Público de la Acusación, cuya una de sus funciones es investigar la posible comisión de delitos por parte de funcionarios públicos.

 

Pero esta vez, la decisión del fiscal general, Jorge Baclini, encontró resistencia. El 7 de febrero, a través de la resolución 23/2019, decidió que 195 integrantes del Poder Ejecutivo pasaran a formar parte del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

 

Lo primero que salta a la vista, cuando uno repasa la nómina, es la cantidad de apellidos vinculados a la política y a la propia familia judicial. Y alcanza con googlear algunos de los otros para verlos en distintas recorridas haciendo campaña junto al actual precandidato a gobernador por el Frente Progresista, Antonio Bonfatti, y el actual precandidato a intendente por la ciudad, Emilio Jatón. En otros casos, como militantes y consejeros del Movimiento Nacional Reformista (MNR) o en algunas de las sedes del Partido Socialista en la provincia. Aparecen, en menor medida, militantes radicales.

 

Por citar sólo algunos ejemplos: en la lista está María Ludmila Tejeda, hermana de la actual diputada y precandidata a gobernadora por el Frente Progresista Cívico y Social, María Victoria Tejeda, que pertenece al sector del radicalismo que hoy tiene como máximo referente al actual Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. También está Claudio Acosta Fain, candidato a presidente comunal de Tartagal por el Frente Progresista.

 

Un detalle más: el año pasado, a través de la resolución 305, Baclini había contratado a otra persona vinculada directamente con la política: Gabriela Menegozzi, hija de la actual diputada provincial, Clara García, y actual pareja del gobernador, Miguel Lifschitz. Lo que parece indicar que la cercanía entre las máximas autoridades del Judicial y el Ejecutivo no se limita sólo a brindarle información de privilegio a algunos funcionarios, tal como quedó demostrado el año pasado.

 

No se trata de discutir las condiciones ni las capacidades de las 195 personas que pasan a integrar el codiciado Poder Judicial: lo que se cuestiona son las formas y la llamativa cercanía de un número importante de los elegidos con los sectores que están al frente de la Casa Gris.

 

Fuera de término

 

La ley 13.459 otorgaba hasta un plazo de 4 años para el traspaso de agentes del Ejecutivo al Organismo de Investigaciones. “Durante el plazo de cuatro (4) años de entrada en vigencia de la presente ley, el Fiscal General podrá incorporar al Organismo de Investigaciones a personal que se encuentre actualmente prestando funciones en alguno de Los Poderes del Estado, entes descentralizados, empresas o sociedades del Estado, previo proceso de selección y conformidad de la autoridad superior que correspondiera y del propio agente”, dice textualmente la norma.

 

Muchos de los 195 elegidos por Baclini no integraban el Estado en ese momento. Por otra parte, el plazo venció: la ley se promulgó el 20 de enero de 2015 y se publicó el 27 de enero del mismo año. La resolución que lleva la firma del Fiscal General está fechada el 7 de febrero de 2019.

 

“Para intentar blanquear este ingreso, que es absolutamente ilegal, armaron en agosto del año pasado un curso en Rosario, en la Escuela de Policía, y salieron de ahí con el título de Suboficiales de policía”, afirmó una fuente del MPA.

 

La información es fácil de cotejar: el 8 de junio de 2018 el Ejecutivo ordenó una convocatoria para el ingreso de “60 Suboficiales de Policía de Escalafón Técnico, Subescalafón Criminalista”. Allí se pedía expresamente que, para poder acceder al mismo, resultaba indispensable “no ser titular de un cargo de planta permanente en la administración pública“. Quiere decir que quienes tomaron el curso, a esa fecha, no formaban parte del Ejecutivo, por lo que no podían ser tenidos en cuenta para pasar al Poder Judicial, ya que la ley deja en claro que esa posibilidad contemplaba sólo a aquellos que lo eran al momento de su sanción (se promulgó el 20/01/2015).

 

Sin embargo, muchos de los que egresaron de ese curso (cuyos nombres pueden leerse en la propia página del Gobierno) forman parte de la reciente resolución de Baclini, tal como puede leerse en la página del MPA.

 

El Sindicato de Trabajadores Judiciales presentó una nota ante Baclini el pasado 6 de marzo. Allí solicitan que “se deje íntegramente sin efecto la decisión” y que caso contrario “se dará inmediata intervención a la Corte Suprema para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales, el máximo órgano del Poder Judicial deje sin efecto la decisión cuestionada, por su manifiesta ilegalidad e inconstitucionalidad”. Además, agregan que se afectan “los derechos de los agentes judiciales” (en lo referente a su carrera) “y de los ciudadanos en general”, haciendo referencia a quienes participan de los concursos para ingresar al Poder Judicial.

 

Una costumbre socialista

 

No es la primera vez que integrantes del Poder Ejecutivo pasan a integrar, a toda velocidad, el Poder Judicial. Algunos ejemplos:

* Diego Poretti: ex Subsecretario de Seguridad Pública, actual Subsecretario de Persecución Penal de la Fiscalía Regional I.

* Matías Drivet: ex Secretario de Seguridad, actual integrante de la Cámara de Apelación en lo Penal en Rafaela.

* Rafael Coria: ex asesor del Ministerio de Seguridad, actual fiscal de Rosario.

* Fabio Mudry: ex Director de Seguridad Deportiva del Ministerio de Seguridad, actual integrante de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal.

* Luis Schiappapietra: ex asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, actual fiscal en Rosario.

* Víctor Moloeznik: ex Subdirector organizador de la Policía de Investigaciones dentro del Ministerio de Seguridad, actual Subdirector de la Policía de Investigaciones del MPA.

* Rolando Galfrascoli: ex funcionario del Ministerio de Seguridad, actual Jefe de Inteligencia Criminal Zona Norte del MPA.