Ir a pagina principal
YouTube Twitter Facebook

La justicia inhabilitó a Miguel Del Sel para ser candidato

El juez Reinaldo Rodríguez tomó la determinación, ya que el balance presentado por el PRO "impide conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de campaña". El ex embajador en Panamá era el presidente del partido en ese momento. La decisión también afecta a los tesoreros: Norberto Principato y el actual intendente de Funes, Diego Barreto. Una causa similar complica a Hermes Binner y Miguel Lifschitz.

Del Sel final
Miguel Del Sel.

Por Nicolás Lovaisa (@nicolovaisa )

La semana pasada, el juez federal Reinaldo Rodríguez decidió “inhabilitar por el plazo de 6 meses para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos nacionales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios” a Miguel Torres Del Sel, Norberto Eduardo Pincipato y Diego Omar León Barreto, actual intendente de Funes. El magistrado tomó la medida ya que el balance presentado por el PRO en 2012, que lleva la firma de los antes mencionados, “impide conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de campaña”.

 

En ese momento, el ex candidato a gobernador y ex embajador en Panamá era presidente del partido a nivel provincial, mientras que Principato y Barreto se desempeñaron como tesoreros. En la causa, Rodríguez sostiene que el partido “no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas” y asegura que en el balance faltan la “acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña”.

 

Rodríguez agrega que los tres referentes del PRO nunca subsanaron las observaciones que le formuló la Cámara Nacional Electoral, omitiendo informar partidas pendientes de cobro provenientes de aportes públicos del año 2011 por 50.985,65 pesos; aportes públicos para boletas de diputados generales por el monto de 213.441,12 pesos; aportes por diferencia de Campaña Diputados Primaria por la suma de 5188,88 pesos y un listado de aportes privados de 5.004 pesos.

 

La situación de Barreto es particular, ya que actualmente está al frente de la ciudad de Funes. Por eso, el juez solicitó que la causa se gire al Honorable Concejo Municipal de esa ciudad.

 

El antecedente Sobisch

 

La fundamentación de la decisión judicial toma como referencia el artículo 63 inciso “b” de la Ley 26.215, que afirma que “el presidente y el tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años” cuando “no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”.

 

En marzo de 2012, en una causa similiar, la jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, inhabilitó por dos años al ex gobernador de esa provincia, Jorge Sobisch, basando su sentencia en el artículo antes mencionado. Esa decisión luego fue revocada porque a Sobisch no se le garantizó la defensa en juicio y el debido proceso, por lo que se reinició la investigación con intervención del Ministerio Público.

 

Binner y Lifschitz, complicados

 

En una causa similar, el Partido Socialista no pudo justificar aportes por casi dos millones de pesos recibidos para la campaña de 2007, en la que Hermes Binner fue electo gobernador. Quienes rubricaron esos balances fueron el propio Binner, en calidad de presidente, y el actual gobernador, Miguel Lifschitz, como tesorero.

 

La desaprobación del balance no sólo fue aconsejada por el auditor de la Cámara Nacional Electoral, sino también por tres fiscales federales distintos: Cintia Gómez, Marcelo Del Teglia y Walter Rodríguez. Ante estos incumplimientos el juez federal Reinaldo Rodríguez le aplicó al PS una multa del 18 por ciento sobre los fondos aportados por el Estado nacional (luego la suspensión cautelar sobre el total de los mismos) y la pérdida de los aportes extraordinarios que el Estado realiza para el financiamiento de los partidos políticos.

 

En aquel momento, el fiscal Rodríguez se refirió a “la imposibilidad de acreditación del origen y destino de los fondos partidarios correspondientes al ejercicio anual patrimonial del año 2007 del Partido Socialista, que guarda vinculación con los estados contables desaprobados en el ejercicio anterior” y, por otra parte, “la dación, aceptación y recibimiento de contribuciones prohibidas expresamente por ley”, es decir, aportes de empresas que, por ley, no podían ser aportantes, como por ejemplo Monticas. El fiscal pidió el desafuero de Binner y Lifschitz. La causa sigue en marcha, aunque fuentes judiciales afirman que está “congelada”.