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La empresa que imprime los afiches para Lotería no figura como imprenta

Son los carteles informativos de pozos, ganadores y extractos de Quini 6 y Brinco para CABA y la provincia de Buenos Aires. La compañía es Lodiser, que varias veces se quedó con ese negocio. El Tribunal de Cuentas de Santa Fe hizo una observación. Pero el gobierno la desestimó por haber sido realizada fuera de tiempo.

Loteria de Santa Fe final
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Por Gustavo Castro

 

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe formuló el 18 de noviembre pasado la Observación Legal N° 34/18 a la adjudicación a la empresa Lodiser S.A.  del “servicio de impresión y distribución de afiches informativos de pozos, ganadores y extractos de Quini 6 y Brinco en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe (C.A.S)”.

 

Se trata de los carteles de  Quini 6 “Pozo Estimado”, Quini 6 Ganadores “Siempre sale”, Brinco “Pozo Estimado”, Quini 6 “Extracto”,  Brinco “Extracto”, todos ellos a un costo unitario para el Estado santafesino que va de los $7,10 a los $7,40. El contrato es por un año con opción a prórroga para la Provincia.

 

Según publicó el blog Nestornautas el 27 de agosto pasado, Lodiser ganó la licitación de este servicio por tercera vez: ya lo había hecho en 2010 y 2012, con sus respectivas prórrogas. En este caso venció en la puja nada menos que Artes Gráficas del Litoral, compuesta por los grupos El Litoral y Clarín, que hizo una presentación extrañamente desprolija y fue desestimada.

 

El 17 de septiembre, la Vocalía Jurisdiccional “B” de la Sala I del Tribunal de Cuentas, a cargo del ex Fiscal de Estado Adjunto de Antonio Bonfatti Dalmacio Juan Chávarri, le advirtió oficialmente a Lotería que “no consta en el contrato social de Lodiser S.A. que dentro de su objeto social se encuentre la actividad de impresión, que según afirma resulta ser el objeto principal de la Licitación sometida a ponderación”.

 

Ante este aviso, opinaron en el expediente la Dirección General Económica Financiera, la Dirección General de Asesoría Jurídica de Lotería y la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes. Todas esas dependencias gubernamentales coincidieron, en líneas generales, que la impresión de los afiches estaba incluida en la “explotación, distribución y venta de billetes de lotería, quiniela y todo otro juego de azar que explote el Instituto Provincial de Loterías y Casinos. Servicio puerta a puerta y traslado de todo tipo de documentación y material para Agencias de Lotería” que figura en el contrato constitutivo de la empresa. Y que, además, “el principal componente de la licitación es la distribución en tiempo de afiches informativos”.

 

El trámite volvió al Tribunal de Cuentas y allí, por unanimidad, los vocales firmaron la observación legal mencionada al principio de esta nota. Consideraron que, teniendo en cuenta que la licitación es para “impresión y distribución” de los carteles, el segundo aspecto estaba cubierto pero no el primera. Y aclararon: “en torno a que la distribución es el objeto principal de la contratación, no surge ni del pliego ni de las actuaciones, mientras que el ahorro económico que se alega en la gestión no suple su falta de capacidad”.

 

En estos casos, corresponde que se suspenda el contrato o que el gobernador firme un decreto de “insistencia”, mediante el cual ratifica lo actuado pero asumiendo el costo de desoír al órgano de control del dinero público. No fue necesario: la advertencia inicial de Chávarri se hizo fuera del plazo de 10 días que marca la ley, en consecuencia fue desestimada todo el reproche legal. Siempre es bueno dejar una puerta abierta.