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¿Hacia dónde van los recursos del Estado Provincial?

Una radiografía pormenorizada del destino de los recursos durante el primer semestre del año en el que los ingresos se desplomaron como consecuencia de la pandemia. Prioridades: pago de salarios y servicios sociales.

casa de gobierno
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Por María Eva Bellini *(@mariaevabellini)

 

 Es importante aclarar que las comparaciones de la evolución de las erogaciones en términos interanuales son pocos prudentes dado que este 2020 no es bajo ningún punto de vista “normal”, la pandemia en todo este periodo ha condicionado fuertemente los recursos disponibles de la gestión provincial.

 

 En este sentido, en junio de este año para el Estado provincial los ingresos corrientes cayeron 10,6% en términos reales comparado con el mismo mes de 2019. El desplome es aún mayor en aquellos ingresos provenientes de la recaudación tributaria fuertemente vinculada a los ciclos económicos; allí la caída en términos reales supera el 14%.

 

Del total de erogaciones efectuadas durante los seis primeros meses de este  2020, el 98% (más de $130 mil millones de pesos) corresponden a erogaciones corrientes (aquellas necesarias para que sea posible el funcionamiento del Estado, por ejemplo pagar salarios, insumos, etc.), mientras que el 2% fueron destinadas a erogaciones de capital (aquellas que se vinculan con la obra pública). (Ver cuadro)

 

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Dentro de las erogaciones corrientes un 65% tuvo como destino la prestación de servicios sociales por parte de la provincia. Dentro de este ítem los más importantes fueron Educación y Cultura con un 40%, Seguridad Social 37% y 17% en Salud. Luego, en un 21% de este tipo de erogaciones se han destinado para cumplir con los servicios de administración gubernamental, y en un 10% para los servicios de seguridad.

 

Así mismo los recursos destinados a cubrir los servicios sociales se utilizaron en un 44% para pagar sueldos al personal, en un 37% las prestaciones de seguridad social (jubilaciones y/o pensiones), y en un 15% utilizado para transferencias corrientes. Para los servicios de administración gubernamental el destino de los fondos fue hacia las transferencias corrientes en un 51% y hacia las erogaciones para abonar sueldos al personal en un 41%. Para el caso de los servicios de seguridad los recursos se destinaron en más de un 80% para cubrir sueldos y/o honorarios.

 

 

Si bien los servicios económicos, (que son aquellas acciones que realizan los Estados con el objetivo de influir en el desarrollo económico como por ejemplo los recursos necesarios para proveer energía, los subsidios a la luz y/o transporte, entre otros), representan tan solo el 1,8% de los gastos corrientes, es importante observar que el principal sector que ha ocupado con más de 1.800 millones de pesos erogados es el sector de transporte, donde los mismos se han destinado en un 77% a transferencias corrientes, esto significa subsidios a las empresas proveedoras de dicho servicio.

 

 

Luego, dentro de las inversiones de capital (que, como se dijo anteriormente, representan el 2,48% del total de las erogaciones) el 65% también estuvieron concentradas para el cumplimiento con los servicios sociales, donde el 46% se destinó a obras de agua potable y alcantarillado, el 30% en vivienda y urbanismo, el 12% en obras para educación y cultura y el 7% para los servicios sociales de salud. En un segundo orden de importancia se encuentran los servicios económicos con un 17% de representatividad, donde las obras han sido destinadas a servicios de energía en más del 90%.

 

(Hacer click sobre la imagen para agrandar)

 

De acuerdo a los datos expuestos en esta nota se puede concluir que la ejecución presupuestaria de la provincia de Santa Fe para el primer semestre del año 2020, pese a que ha sido transitada en un 50% del periodo bajo el ASPO y que acumuló una caída considerable de los recursos propios y provenientes del gobierno nacional, ha tenido como prioridad el pago de salarios y garantizar su función más importante en la prestación de servicio sociales como la salud, la  educación, y la seguridad social.

 

*Licenciada en Economía, Integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo Economico Benjamin Hopenhayn.