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Fiscalía de Estado advirtió sobre “defectos” en contrataciones por Tecnópolis Santa Fe

Un dictamen del fiscal adjunto asevera que hay “omisión y falta de incorporación de elementos documentales y argumentativos necesarios” para justificar la ausencia de licitaciones. Pero considera que es producto del “déficit” de “coordinación” entre Nación y Provincia.  Y al final dice  que se trata de una decisión de “alta política del Poder Ejecutivo” que lo excede. Insólita contradicción en las fechas del escrito y del decreto del gobernador.

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La muestraa en Santa Fe. (Foto: santafeciudad.gov)

Por Gustavo Castro

El fiscal adjunto de Estado de Santa Fe, Gustavo Luzzini, firmó el dictamen N° 241 referido al “proyecto de decreto” para crear el programa provincial “Nuestra Escuela a Tecnópolis Santa Fe” ante la necesidad de “procurar celeridad en las diversas y múltiples contrataciones o adquisiciones que inexorablemente conlleva la ejecución del aludido evento”.

 

Según la iniciativa, “la insuficiencia temporal impide acudir a los procedimientos corrientes de contratación o adquisición por cuanto el volumen de necesidad definitiva, como así también la determinación específica de los rubros no se cristalizará sino hasta momentos antes del acto de apertura del parque”. A fines de abril el presidente Macri había revelado la llegada de la muestra a Santa Fe y Paraná y el 3 de mayo, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, confirmó las fechas: 8 al 23 de junio.

 

El dictamen de Luzzini está fechado el 7 de junio, es decir un día antes del inicio de Tecnópolis en la Estación Belgrano. Más aún, en el propio escrito el fiscal adjunto señala que las actuaciones administrativas le “ingresan en fecha 7 de junio de 2017”, o sea en la misma jornada. Insólitamente, el decreto que firmaron el gobernador Miguel Lifschitz y varios de sus ministros, el N° 1.555, tiene fecha 6 de junio, como se puede ver en la imagen que acompaña esta nota. Para que se entienda: según las fechas de ambos documentos oficiales, a los que tuvo acceso Diario Santa Fe, el decreto ya tenía un día de vida cuando discutían sobre la conveniencia de su nacimiento.

 

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Más allá de esta insólita irregularidad, que muestra el apuro con el que se hicieron las cosas, el dictamen de Fiscalía de Estado expresa “en sustancia nuestra adhesión a lo manifestado” por otros asesores jurídicos que intervinieron en el expediente “en cuanto a los defectos que adolece la gestión y particularmente el proyecto de decreto alcanzado tanto en su fundamentación y encuadre legal para sostenerse cabalmente como un trámite que justifique razonablemente ser catalogado como de excepción a las normas legales y reglamentarias aplicables en materia de contrataciones”.

 

“Dicho esto –continúa- tampoco implica que la omisión y falta de incorporación de elementos documentales y argumentativos necesarios para justificar la excepción propiciada, en principio sean de tal magnitud o de ínsita gravedad para el progreso de la gestión en los términos propiciados, de modo que sean insubsanables. Para ello sí resulta decisivo en la medida de lo posible, que los aspectos invocados como causa del acto administrativo propuesto, sean realmente y ‘verdaderamente’ comprobados objetivamente, como decisivos para calificar la gestión como exceptiva en los términos propiciados más allá de su invocación por la autoridad que propicia el trámite”. Traducido: el trámite está flojo de papeles pero se puede arreglar si le suman más documentación.

 

En el mismo sentido, Luzzini evalúa y justifica: “no parece imposible calificar y encuadrar una gestión que la Provincia debe asumir de manera insoslayable en un lapso de tiempo que a juzgar por lo actuado, difícilmente podría resolverse en los términos de los procedimientos normales de contratación.”

 

El párrafo anterior viene con un agregado a pie de página: “Más allá del subyacente déficit que trasunta el trámite respecto de una coordinación adecuada y oportuna de acciones conjuntas entre la Jurisdicción nacional y provincial en orden a la concreción exitosa de un evento de tanta magnitud como el que se programa, de manera que permitiese a la Provincia acudir razonablemente en tiempo y forma a los procedimientos normales de contratación pública para ejecutar debidamente el Programa Tecnópolis en territorio Provincial en la capital de la Provincia, en beneficio de los educandos y de la comunidad toda.”.

 

En criollo: si se hubiera trabajado en conjunto entre los gobiernos de Macri y Lifschitz se podrían haber hecho las contrataciones en tiempo y forma, y se hubiesen evitado las desprolijidades.

 

Luego, el dictamen del fiscal adjunto llama nuevamente a sumarle más documentación al trámite para “justificar de la manera más acabada posible en el expediente, la necesidad de llevar adelante la delegación propuesta en los términos de excepción propiciados, de manera de acreditar objetivamente que sujetarse irrestrictamente a los mecanismos ordinarios de contratación, afectarían por retardo el proyecto y programa diseñado en el artículo primero del decreto propiciado, incluso pudiendo afectar gravemente la finalidad e interés público perseguido con la gestión.”

 

Finalmente, y a modo de autoexculpación, Fiscalía de Estado sentencia: “la gestión propiciada trasunta una decisión de alta política del Poder Ejecutiva que exorbita en lo que en esa esfera respecta, la opinión de este órgano de asesoramiento jurídico y defensa legal”.