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El Pacto Fiscal le pega de lleno a un reclamo de Corral contra Lifschitz

El acuerdo impulsado por Nación y firmado por las Provincias elimina el envío automático de fondos educativos a municipios y comunas. Y le da mayor discrecionalidad al gobernador para la administración de esos recursos. La administración radical intimó al gobierno socialista a pagar una deuda millonaria basada justamente en el criterio contrario.

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José Corral y Miguel Lifschitz.

Por Gustavo Castro

 

La firma del Pacto Fiscal entre el presidente Mauricio Macri y todos los gobernadores –salvo el de San Luis- jaquea un reclamo millonario del intendente José Corral contra la Provincia por fondos educativos no distribuidos. Es que el acuerdoincluye la eliminación del giro automático de esos recursos a los municipios y comunas, que es el corazón de la queja corralista.

 

En concreto, la cláusula e) del denominado “Consenso Fiscal” plantea cambiar el artículo 19 del proyecto de presupuesto para el año próximo, que dice textualmente: “Establécese la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2018 del artículo 7º de la Ley Nº 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9º y 11 de la Ley Nº 26.206, teniendo en mira los fines y objetivos de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los municipios para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”. Las dos leyes mencionadas allí son la de Financiamiento Educativo y la Nacional de Educación.

 

Con el nuevo texto desaparece el concepto de la “automaticidad” en las transferencias para ser reemplazado por “de acuerdo a los montos destinados a ser efectivamente para cubrir gastos vinculados a la finalidad y la función de educación básica formal de acuerdo con la normativa vigente en cada jurisdicción”.

 

Según reveló Diario Santa Fe en noviembre de 2016 (ver nota relacionada) y luego confirmó el propio Corral 6 meses después, ya divorciado del socialismo, la municipalidad de Santa Fe inició el 24 de octubre un reclamo formal a la Provincia por una deuda de 86 millones de pesos –incluidos capital e intereses- justamente con el argumento de la distribución automática, no discrecional, de esos recursos.

 

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El planteo de la municipalidad apunta contra dos decretos del entonces gobernador Antonio Bonfatti de 2014 y 2015 que disponen la retención de la plata proveniente del Fondo de Financiamiento Educativo hasta tanto se presenten “proyectos”, que luego deberán ser aprobados por una comisión para que el flujo de dinero se destrabe. Es el mismo esquema del Fondo de Obras Menores, que le da a la gestión provincial un amplio margen de maniobra para administrar los tiempos y preferencias.

 

Pero eso no es todo. A la eliminación de la automaticidad se le suma un horizonte de conflictividad por la caracterización de la “educación básica formal de acuerdo con la normativa vigente en cada jurisdicción”. Hay una historia extensa de puja con la Provincia por el encuadre de los jardines y liceos municipales.

 

El conflicto, además del fuego amigo de Macri a Corral, incluye otras curiosidades. Por caso, que el escrito original de la gestión radical, firmado por el fiscal municipal Federico Sedlacek, incluye reivindicaciones varias a la ley nacional de Financiamiento Educativo, aprobada durante el gobierno de Néstor Kirchner con el voto en contra de la UCR. Además, el planteo del gobierno de la capital santafesina es similar al de otras ciudades gestionadas por intendentes otrora alineados con el hoy encarcelado Julio De Vido. Y finalmente ahora, al necesitar el Pacto Fiscal aprobación parlamentaria, encontrará a diputados nacionales corralistas, como Hugo Marcucci o –si se demora el tratamiento- Albor Cantard apoyando una reforma que contradice los criterios e intereses de su propio jefe.