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El municipio dejó de otorgar fondos a varias asociaciones y ONG denunciadas en los Corral Papers

El 2 de octubre de 2017 un consorcio de periodistas denominado "Corral Papers" denunció la utilización de fondos públicos para construir una tropa de militantes que pintaba paredes, acompañaba a los candidatos y repartía volantes para la campaña de Cambiemos. El municipio fue allanado y, un día después, el fiscal que ordenó esa medida fue apartado de la causa. En diciembre, José Corral dijo que "no hubo ninguna irregularidad". Sin embargo, tres de las asociaciones denunciadas por el consorcio dejaron de recibir fondos en el mismo momento en el que la denuncia periodística se dio a conocer.

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Por Nicolás Lovaisa

@nicolovaisa

 

Un año después, no pasó nada. El 2 de octubre de 2017 el consorcio de periodistas denominado “Corral Papers” publicó una serie de artículos, con documentación pública, que demostraba que el loable programa de “Iniciativas Comunitarias y Cooperativas de Trabajo” había sido desvirtuado por la gestión de José Corral para transformarlo en una herramienta utilizada para construir una tropa de militantes propia en distintos barrios de la ciudad, con un sinfín de irregularidades.

 

Asociaciones presididas por ex barrabravas que golpearon a empleados municipales en la propia puerta del municipio, por personas con innumerables denuncias por violencia, por empleados municipales (algo expresamente prohibido por ordenanza), por parientes de funcionarios municipales y por candidatos del oficialismo, que salían a pintar paredes para el candidato de Corral, Carlos Pereira,lo acompañaban en los famosos (y ya extintos) timbreos y repartían volantes.

 

En las semanas posteriores a la denuncia ocurrieron cosas que, a la distancia, muestran con mayor claridad las inocultables y burdas maniobras de distintos sectores políticos para evitar que la mancha venenosa se expandiera. El 2 de octubre se publicaron los “Corral Papers”. El 10, por primera vez en la historia de la ciudad, se allanó el municipio. El 11, corrieron al fiscal Roberto Apullán de la causa. El 25, Corral se reunió con el gobernador Miguel Lifschitz en la Casa Gris y, según El Litoral, hablaron del Ministerio Público de la Acusación. El 26, Apullán fue definitivamente apartado no sólo de “Corral Papers”, sino también de la causa en la que se le intervino el teléfono al Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, en la que se lo escucha recriminarle al fiscal regional, Jorge Baclini (superior de Apullán) por la detención de un comisario, ya que le habían prometido que lo harían “después de las elecciones”, no antes.

 

¿Terminó todo ahí? No. El 30 de noviembre, en la Cámara de Diputados,  llegó desde el Senado un paquete de leyes para ser votadas a libro cerrado. Entre ellas, un proyecto de Armando Traferri (PJ), acompañado con las firmas de Felipe Michlig (UCR), Lisandro Enrico (FPCyS) y Emilio Jatón (FPCyS). ¿El objetivo? La modificación de la ley 13.014 para que el poder legislativo tenga la potestad de remover a los fiscales del MPA por “las causales de mal desempeño o comisión de delito doloso”. ¿Qué fiscal avanzará en causas de corrupción que involucren a funcionarios, senadores o diputados, si es el poder legislativo quien puede removerlo de su cargo?

 

La aprobaron 36 de los 49 diputados (Antonio Bonfatti es quien preside la sesión), de distintos partidos políticos. Hubo dos ausentes (Germán Mastrocola, de Cambiemos, y Federico Reutemann, PJ), mientras que no acompañaron la iniciativa Demetrio Álvarez (Cambiemos), Federico Angelini (Cambiemos), Cesira Arcando (Bloque FE), Leandro Busatto (FPV), Patricia Chialvo (FPV), Jorge Henn (NEO UCR), Edgardo Martino (NEO UCR), Sergio Más Varela (Cambiemos), Roberto Mirabella (FJPV), María Victoria Tejeda (NEO UCR) y Estela Yacuzzi (NEO UCR). Busatto incluso cuestionó “los acuerdos parlamentarios que llevaron al recinto un paquete de leyes votadas a libro cerrado” y se retiró del recinto, según El Litoral.

 

Es decir que, en menos de dos meses, corrieron a un fiscal de dos causas que generaban molestias en los gobiernos provincial y municipal, y cambiaron la forma en la que los fiscales pueden ser removidos, para que la lupa sobre su labor y continuidad o no en sus cargos dependan de la clase política.

 

Cayeron en desgracia

 

En diciembre de 2017, Corral convocó a una conferencia de prensa para explicar que dos investigaciones sobre el programa de Iniciativas Comunitarias y Cooperativas de Trabajo no habían “encontrado irregularidades”. Nadie esperaba otra cosa: quienes llevaron adelante la investigación fueron el Fiscal Municipal, Federico Sedlacek, y la Síndica Municipal, Andrea Arrietti. Se trata de funcionarios designados por el propio Corral. Sin embargo, tres de las entidades denunciadas por “Corral Papers” dejaron de firmar contratos con el municipio desde el preciso instante en el que el consorcio hizo públicas las irregularidades negadas por el “Alcalde Campeón”.

 

Una de ellas es “Un Futuro para todos, Barrio Roma”, presidida por el ex jefe de la barra brava de Unión, Daniel Cantero, que recibió 986 mil pesos entre 2016 y 2017. El último convenio lo firmó el 25 de septiembre de 2017.

 

La segunda es “Jehová Giré”, de Juan Carlos “Gitano” Viñas, quien recibió más de 2 millones y medio de pesos. Viñas es, desde 2015, planta permanente del municipio. Tiene en su haber causas por lesiones leves dolosas contra Ana María González (que integra la misma asociación civil) y amenazas simples. Ana, por su parte, tiene causas por amenazas simples, lesiones leves calificadas, violación de domicilio, defraudación y hurto. Viñas es, además, afiliado a la Unión Cívica Radical. En 2015, Esteban Zambrella, entrevistado por Alejandro Colussi, contó en FM Sol 91.5 que trabajaba para la asociación. Que le habían prometido pagarle 3000 pesos por mes por tareas de desmalezamiento pero, finalmente, le pagaban 1000. Un día después de la entrevista recibió seis balazos. La entidad del “Gitano” firmó el último convenio el 12 de julio de 2017.

 

La tercera es “Santa Fe Nuestro Futuro”, presidida por Susana López, esposa de Roberto Montenegro, que atendía desde los dos lados del mostrador: el ex director Ejecutivo del programa de Participación y Promoción Ciudadana destinó casi 6 millones de pesos a la asociación que manejaba su pareja. El último convenio que firmó la entidad fue el 18 de octubre de 2017, ocho días después del allanamiento al municipio.

 

Las otras cooperativas denunciadas siguieron firmando convenios durante 2018. En algunas de ellas se hicieron algunos ajustes para ser más “prolijos”: dejaron de firmar (en algunos casos) hijos de funcionarios o empleados municipales. Aunque se sumaron algunas otras irregularidades, que se seguirán publicando en estos días. El monto asignado al programa aumentó: en 2017 el municipio destinó $97.614.592, mientras que hasta agosto de este año esa cifra alcanzó los $71.582.033.