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El fiscal que juega para el gobernador

“Acá hay independencia de poderes”, dice Lifschitz. La realidad muestra lo contrario: a las escuchas en las que el ministro Pullaro le pide al fiscal general Baclini información de una causa en la que estaba involucrado, se suma una orden del fiscal regional Arietti: dos días después de esa escucha, le solicitó por escrito a los fiscales que notifiquen al gobernador de una causa en la que Pullaro estaba en la mira. Es decir, uno de los máximos responsables del poder Judicial advirtiéndole al Ejecutivo que dos fiscales están investigando a un funcionario. Las escuchas y los documentos.

Pullaro policia declara final
Carrlos Arietti, Fiscal Regional

Por Maximiliano Ahumada (@mxahumada y Nicolás Lovaisa (@nicolovaisa )

 

En los primeros días de octubre de 2017, los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí investigaban una presunta defraudación al Estado perpetrada por las máximas autoridades de la policía. La maniobra consistía en cobrar horas extras (que se denominan Orden de Servicio de Policía Extraordinaria) que no se realizaban. La causa, luego conocida como “Horas OSPE”, demostraba que en muchos casos se superponían esas horas con la jornada laboral ordinaria y, en otros, eran asignadas a agentes que se encontraban de licencia.

 

Según Martí, iban a imputar a 300 policías y a detener a 70, y los montos de la estafa eran considerables: “Estábamos investigando el patrimonio de las actuales máximas autoridades policiales de Santa Fe. Para que se den una idea de la magnitud, sólo en esos casos y por un período de tres meses la defraudación al Estado era de más de 600.000 pesos. Y estábamos investigando a 300”, declaró en una entrevista con Solar de Radio.

 

En definitiva, las pesquisas demostraban que en la ciudad de Santa Fe, que tiene la tasa de homicidios más alta de la Argentina, una parte de la fuerza policial se dedicaba a fraguar horas extras que no realizaba pero sí cobraba. “Significa que los agentes que deberían estar en la calle, sólo lo están en los papeles. Eran agentes fantasmas, que figuran en las planillas, pero que en realidad no estaban ahí, cuidando a los vecinos”, precisó Martí.

 

En el marco de esa investigación, se intervino el teléfono de Adrián Rodríguez, uno de los involucrados, quien estuvo al frente de las Unidades Regionales 1 (departamento La Capital) y 5 (departamento Castellanos). Rodríguez mantenía conversaciones con alguien que le prometía un ascenso. Es más, su interlocutor se jactaba de manejar ese concurso, de anticiparle las preguntas y de violar el anonimato de los trabajos que debían ser presentados bajo seudónimos. ¿Quién era esa persona? Maximiliano Pullaro, el Ministro de Seguridad, quien le decía “quedate tranquilo, papá”, “te vamos a dar las preguntas, como en la escuela” y se interesaba por saber el seudónimo con el que Rodríguez, a quien quería como Jefe de Policía de la provincia, había firmado su trabajo.

Pullaro a Rodríguez: “Te vamos a dar las preguntas, como en la escuela”.

 

 

Apullán y Martí pidieron la intervención de esa línea telefónica, que fue concedida por el juez Nicolás Falkenberg. El 9 de octubre, Pullaro se enteró de la detención de Rodríguez a través del Secretario de Seguridad, Omar Pereira. Nervioso, comenzó un raid de llamadas entre las que se destacan una al fiscal general, Jorge Baclini, y otra al gobernador, Miguel Lifschitz. En la charla con Baclini se queja porque el fiscal regional, Carlos Arietti, le había prometido que las detenciones se harían “después de las elecciones”. Y en la conversación con Lifschitz cuenta que, luego de esa primera llamada, Baclini lo llamó por Whatsapp (por lo que no fue grabada) y le dio detalles de la investigación que lo tenía como uno de los involucrados. Un escándalo institucional por donde se lo mire, ya que difícilmente un ciudadano de a pie tenga la posibilidad de llamar a la máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación para que le brinde información de una causa en la que es parte, y que éste le adelante, además, su opinión sobre la misma.

Pullaro a Baclini: “Lo iban a detener después de las elecciones”.

Pullaro a Lifschitz: “Estuve hablando con Baclini y es sumamente grave”.

 

 

La situación llenó de preocupación a los máximos referentes del MPA y del Ministerio de Seguridad. Según Apullán, cuando Arietti se enteró de las conversaciones entre Rodríguez y Pullaro, en las que el ministro buscaba favorecerlo en el concurso, le dijo: “Papá ¿me vas a decir que no sabés cómo se manejan los concursos?”.

 

La causa desató también una serie de reacciones en la fuerza, tal como se publicó en este portal hace apenas unas semanas. Según Ariel Katramiz, el policía que desgrabó las escuchas, varios de los apuntados por la justicia intentaban, en esos días, lograr una reunión con Arietti que, según Katramiz, se concretó. “De Arietti me encargo yo, no los va a poder atender a todos”, dice en una de esas escuchas el comisario Marcelo Maldonado.

Maldonado: “De Arietti me encargó yo, ya lo tengo hablado”.

 

Rápida reacción

 

Las escuchas que Diario Santa Fe dio a conocer el año pasado, en las que Pullaro habla con Baclini, Lifschitz y funcionarios de seguridad, fueron grabadas el 9 de octubre de 2017, el mismo día de la detención de Rodríguez. Un día después, por la noche, en el MPA hubo una reunión en la que estuvieron Arietti, un funcionario del gobierno provincial y el abogado de uno de los policías involucrados en la causa “Horas OSPE”. De qué se habló ahí puede deducirse por las acciones de los días posteriores.

 

El 11 de octubre, Arietti le envió a los fiscales Apullán y Martí una instrucción por escrito. Allí, muestra su desacuerdo con la calificación legal de cohecho pasivo y sostiene que no le parecía “procedente” solicitar la prisión preventiva de Rodríguez. Ese mismo día, los fiscales iban a imputarlo, pero la audiencia no se llevó a cabo. En esa orden, Arietti solicita además que “atento a la trascendencia administrativa de lo que surge de la IPP y a fin de evitar generar un daño a la Administración Pública, remitan al titular del Poder Ejecutivo provincial fotocopias certificadas de las constancias obrantes a fojas 1 a 4 del legajo fiscal, informando que se debe mantener el deber de reserva (art. 258 CPP)”.

 

Arietti, que en la jerarquía del MPA está por encima de Apullán y Martí, les pidió formalmente por escrito que remitan fotocopias de la causa al gobernador Miguel Lifschitz, titular del Poder Ejecutivo, para avisarle que Maximiliano Pullaro, uno de sus funcionarios más importantes, ni más ni menos que el máximo responsable de la seguridad en la provincia con la tasa de homicidios más alta del país, estaba siendo investigado. Y no por un tema menor, sino por digitar el ascenso de un policía al cargo más importante de la fuerza, aún estando bajo sospecha por un delito de defraudación contra el Estado, por el que finalmente fue imputado.

 

“Ese pedido de Arietti, de informar al Poder Ejecutivo, está sustentado en una motivación muy frágil y, por lo tanto, cuestionable. No hay una cuestión concreta allí para darle intervención a una órbita administrativa a los efectos de realizar un sumario”, afirmó una fuente judicial al leer la instrucción. ¿Por qué razón entonces, Arietti, en la mitad de una investigación en la que siquiera se había realizado la audiencia imputativa, le da intervención al Poder Ejecutivo para que esté al tanto de la causa? ¿No obliga eso a los fiscales a comunicar cosas que, en ese momento de la causa, debían ser resguardadas? El objetivo parece ser claro: advertirle al Ejecutivo que había una pesquisa que los tenía en la mira en una causa incómoda.

 

Lo curioso es que en esa instrucción, al pedir que remitan fotocopias de la causa al gobernador, Arietti cita el artículo 258 del Código Procesal Penal, que dice textualmente que “los actos de la investigación y su documentación serán secretos para quienes no sean parte en el procedimiento”.

 

Galería de Imágenes-Documentos. (Hacer Click para agrandar imágenes)

 

 

Mejor uno de confianza

 

Apullán y Martí fueron corridos de la causa, y quien quedó al frente de la misma fue Exequiel Hernández, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, y hombre de confianza de Arietti. De hecho, Hernández fue su secretario mientras Arietti se desempeñó como fiscal regional de Rafaela, antes de que Lifschitz lo propusiera como fiscal regional de Santa Fe.

 

Esa fiscalía de Delitos Complejos se creó de la noche a la mañana, en un momento muy particular: mientras se desarrollaban las investigaciones por “horas OSPE” y también la causa conocida como “Corral Papers”, por la presunta utilización de fondos públicos de la municipalidad de Santa Fe, para construir una tropa de militantes para José Corral. De hecho, el 10 de octubre de 2017 se allanó el palacio municipal por primera vez en la historia. Apullán siquiera pudo ver lo secuestrado: un día después, Arietti le pidió por escrito que le remitiera la causa. A más de un año, no hubo ningún avance. Es decir que, justo en el momento en el que dos causas investigaban hechos de corrupción que involucraban al gobierno provincial y al gobierno municipal, se creó esa unidad, con un hombre de estrecha confianza de Arietti al mando. Y no empezó a trabajar con las causas que se iniciaran desde su creación en adelante, sino también con las que ya estaban en curso.

 

Hoy, Apullán y Martí afrontan una causa en su contra, impulsada por el ministro Pullaro. Se les atribuyen los delitos de “abuso de autoridad, falsedad ideológica e incumplimiento en los deberes de funcionario público”, ya que los investigadores entienden que ambos fiscales omitieron informarle al juez los motivos por los cuales intervenían la línea telefónica que pertenecía al titular de la cartera de seguridad provincial.

 

¿Qué dice el Código Procesal Penal de la provincia al respecto? “El Tribunal, a pedido de partes, podrá autorizar por decreto fundado, la interceptación o el secuestro de la correspondencia postal, telegráfica o electrónica, o de todo otro efecto remitido o destinado al imputado o a terceros, aunque sean bajo nombres supuestos. Del mismo modo, se podrá autorizar la intervención de las comunicaciones del imputado o de terceros, cualquiera sea el medio técnico utilizado, para impedirlas o conocerlas”, puede leerse en el artículo 171. En ningún lugar dice que los fiscales deban identificar la identidad del titular al momento de solicitarle la intervención al juez que es, en definitiva, quien decide si da curso o no a ese pedido.

 

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