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Avisale al gobierno que los investigás

El fiscal Roberto Apullán apuntó ayer contra el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, su superior directo. Sostuvo que mientras avanzaba una causa de corrupción policial conocida como horas OSPE, y se investigaba al Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, Arietti le ordenó que le remitiera copia de las actuaciones al gobernador Miguel Lifschitz. "Mi jefe me ordenó comunicarle al ámbito que estábamos investigando", afirmó. También se refirió a Corral Papers: dijo que tras ordenar el allanamiento a la Municipalidad, le ordenaron remitir la causa. "Casualmente, reordenaron las fiscalías y pasó a otro fiscal", sostuvo.

Lifschitz Pullaro
Miguel Lifschitz y Maximiliano Pullaro

Por Maximiliano Ahumada (@mxahumada ) y Nicolás Lovaisa (@nicolovaisa )

 

El 6 de noviembre de 2017, éste portal dio a conocer una serie de escuchas ordenadas por la justicia al Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, que dejaban en claro la escandalosa relación entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público de la Acusación. En una de esas charlas, Pullaro le dice al Fiscal General, Jorge Baclini, que el fiscal regional, Carlos Arietti, le había dicho que la detención de un alto funcionario policial (Carlos Rodríguez), se iba a concretar “después de las elecciones”. La información tuvo un alto impacto en los medios de comunicación de la provincia y el país.

 

Pullaro y las escuchas que demuestran la escandalosa relación entre el Ejecutivo y el MPA

 

Tras aquel hecho, los fiscales Roberto Apullán y Laura Martí, quienes ordenaron las escuchas sobre el teléfono de Pullaro, aprobadas por el juez Nicolás Falkenberg, fueron denunciados por el funcionario, quien aseguró que cometieron “faltas graves” en su desempeño. Hoy, Apullán y Martí afrontan sumarios administrativos y una causa penal.

 

Ayer, se llevó a cabo en el MPA una audiencia de apelación en relación a las actuaciones derivadas, precisamente, de la denuncia de Pullaro. El periodista Juan Carlos Tizziani estuvo allí y en un artículo de Rosario 12 transcribió los dichos más impactantes de Apullán. En primer lugar, “reveló que Arietti le ordenó que envíe al gobernador la transcripción de las escuchas a Pullaro y Rodríguez, cuando la causa estaba en reserva”.

 

Se le comunicó al Poder Ejecutivo, por orden de un fiscal regional, que había una causa en trámite y una prueba involucraba a un jefe de Policía y a un ministro“, dijo, según la nota. Además pidió investigar a “un funcionario del MPA” -‑que no mencionó-‑ que tuvo un “contacto previo” con los CD antes de la denuncia de Pullaro.

 

También dijo que un policía que declaró en la causa reveló “un supuesto encrubrimiento de Arietti”. Lo hizo ante la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, el 14 de diciembre de 2017, en la que afirmó que un jefe le había dicho que la causa Ospe “no se debería investigar” y relató una escucha a dos jefes policiales en el que uno le dice al otro que se reunirían con Arietti “para tratar de llegar a un acuerdo”. En otra escucha dan por sentado que la reunión se realizó.

 

Tras la audiencia, Apullán habló con la prensa. La periodista Andrea Viñuela, de Aire de Santa Fe, le preguntó por qué Arietti suspendió la audiencia imputativa al ex jefe policial, Ariel Rodríguez, tras ser detenido. “La detención de Rodríguez no fue porque un día me levanté y decidí su detención. En cada acto de esa causa se informó a mi jefe de ese momento, Carlos Arietti. Cada una de las situaciones que investigábamos Arietti las conocía. Es decir, sabía cómo se solicitaron las intervenciones telefónicas, y en ese momento estaba al tanto. No era una sorpresa para él la detención de Rodríguez”, respondió.

 

Luego, precisó la situación en la que Arietti le ordenó que le remitiera las actuaciones de la causa al gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, justo en el momento en el que estaba en el ojo de la investigación uno de sus ministros, Pullaro: “De la circunstancia de la causa debimos notificar formalmente al Poder Ejecutivo por orden del fiscal Arietti, justo en el momento en el que había reserva de las actuaciones. El gobernador se enteró de una causa donde estaba involucrado un alto jefe policial. Es desde ahí desde donde debe analizarse la situación. Se investigaba a un alto jefe policial en una situación en la que podría estar involucrado un alto funcionario de su gabinete, y mi jefe me ordenó comunicar eso al ámbito que yo estaba investigando. Me ordenó que le remita copia de la actuación, de manera simultánea a la decisión de la detención del señor Rodríguez”.

 

Luego, en una entrevista con esa misma emisora, Luis Mino le consultó por la causa conocida como “Corral Papers“, en la que un consorcio de periodistas denunció la utilización de fondos públicos con fines electorales por parte del intendente de la ciudad, José Corral, lo que motivó un pedido de allanamiento a la Municipalidad, ordenado por Apullán.

 

“La denuncia motivaba la medida que se tomó, porque surgía una prueba compleja y abundante. Se ordenó un allanamiento, con todas las garantías de la ley, y quiero dejar claro que el personal policial que intervino en ese allanamiento actuó conforme a lo dictado por un juez y por un fiscal. Se secuestró mucho material, no sé cómo está esa investigación, porque se derivó a otro fiscal. Cuando se realizó el secuestro, al otro día, o a los dos días, recibí la orden de remitir la causa, nunca más pude tener contacto con esa causa. Justo, casualmente, se reordenaron las fiscalías y pasó esa causa a otra oficina fiscal, y a mí me asignaron a otra”, aseguró.

 

Cabe recordar que, inmediatamente después del allanamiento, el MPA ordenó una reestructuración, por lo que Apullán nunca pudo hacerse del material secuestrado en el palacio municipal. Días después, también hubo una reunión entre el gobernador Lifschtiz y el intendente Corral, en la Casa Gris. Un mes más tarde, en la última sesión de la Cámara de Diputados, se aprobó una ley que impone “un sistema de controles directos sobre los fiscales y los defensores”. Esto quiere decir que, a partir de la sanción de esa ley, que incluso tiene, insólitamente, retroactividad, los fiscales que investigan dependen del poder político. “¿Cómo podemos investigar al poder político, si ahora ellos deciden sobre nuestra función?”, alzaron la voz integrantes del MPA. Voces que no fueron escuchadas.

 

La ley contó con 37 adhesiones en diputados, fuertemente impulsada por el Frente Progresista Cívico y Social. Los 13 legisladores que no la acompañaron fueron Demetrio Álvarez (Cambiemos), Federico Angelini (Cambiemos), Cesira Arcando (Bloque FE), Leandro Busatto (FPV), Patricia Chialvo (FJPV), Jorge Henn (NEO UCR), Edgardo MArtino (NEO UCR), Sergio Más Varela (Cambiemos), Germán Mastrocola (Cambiemos), Roberto Mirabella (FJPLV), Federico Reutemann (PyT), María Victoria Tejeda (NEO UCR) y Estela Maris Yaccuzzi (NEO UCR). Días después, el diputado Busatto sostuvo que algunos diputados ni siquiera sabían lo que estaban votando”.

 

Los 300 CD

 

Además, ayer la fiscal Martí reveló que por orden de Arietti le entregó al subsecretario regional, Santiago Lemos, 300 CD con grabaciones de escuchas telefónicas en la causa Ospe. “Lemos me citó a la Fiscalía, yo estaba de licencia, y me pidió que los entregara en crudo, sin ninguna modificación. Se los entregué a él y a empleados de la Fiscalía de Delitos Complejos y otra persona que colaboró. Todo esto ocurrió el 26 de octubre, saquen las cuentas y cómo siguió la cadena de custodia”, afirmó, según publica Rosario 12 en su edición de hoy.