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Aprietes en Santa Fe de una empresa denunciada por Cristina

Es Dinale SA, acusada por la responsable jurídica del Senado, Graciana Peñafort, de cobrar obras que no se hicieron durante la gestión de Gabriela Michetti. Por ese motivo fue inhabilitada por el Registro de Licitadores de la provincia. Automáticamente comenzaron a publicarse notas en el diario El Litoral sobre corrupción en esa área. La razón: la constructora es socia de Cocivial SA, que comparte directivos con el multimedios.

Cristina LLoren
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Por Gustavo Castro (@PelaCastroOk) 

 

Una denuncia de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado y abogada de confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra una empresa constructora impactó de lleno en el mecanismo de obras públicas de la provincia de Santa Fe y desató represalias mediáticas por parte de socios de la firma cuestionada.

 

A principios de marzo, la responsable legal de la Cámara Alta de la Nación, Graciana Peñafort, presentó una denuncia penal contra la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, el ex secretario administrativo del Senado Helio Rebot y el presidente de la empresa Dinale S.A., Germán De Vincenzo, por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles por haber realizado “pagos millonarios por obras que no tuvieron avances”. Se trata de tres adjudicaciones de trabajos de readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo “Alfredo Palacios” del Senado.

 

En la presentación, la letrada indica, además, que hubo “concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del H. Senado de la Nación” y “un posible sobreprecio de obra”.

 

La previa de esta denuncia es una serie de decisorios de la secretaria administrativa del Senado,  María Luz Alonso, otra persona de estrecha confianza de la vicepresidenta. A través de las resoluciones 372, 373 y 375, todas ellas del 26 de febrero, se dispuso el fin de los tres vínculos contractuales y la suspensión de la empresa por 2 años para trabajar con la Cámara Alta por “incumplimiento del contrato por causas imputables al adjudicatario”.

 

La ola de esas disposiciones llegó a las costas santafesinas el 20 de agosto de 2020. Ese día se reunió la Comisión de Calificaciones del ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, cuyo presidente es el director general del Registro de Licitadores, ingeniero Roberto Luis Sambrano, personal jerárquico de carrera.

 

Según el acta de ese encuentro, el titular de la comisión expuso “las actuaciones derivadas” de las decisiones del Senado de la Nación y mencionó que “se otorgó el plazo de 10 días para que la empresa formule el descargo y aporte pruebas en su defensa”. Dinale presentó sus fundamentos el 5 y el 13 de agosto y advirtió que “las resoluciones antes citadas no se encontrarían firmes”.

 

El expediente pasó luego a la Dirección general de Asuntos Jurídicos del ministerio, que dictaminó: “sin perjuicio del análisis y resolución dispuesta por la reglamentación a la Comisión de Calificaciones, este organismo de Asesoramiento Legal entiende que el Registro podría dejar sin efecto la habilitación otorgada por darse la situación descripta por el artículo 18 inciso d) del decreto 0001/95”. ¿A qué se refiere? A que no podrán estar inscriptos “los que se encuentren suspendidos o eliminados como consecuencia de sanciones aplicadas en Registros de otras Jurisdicciones”.

 

Con todo este material sobre la mesa, quedaron entonces en el encuentro de la comisión dos mociones: la inhabilitación de Dinale por recomendación de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la no inhabilitación por “no haber culminado las acciones recursivas” a propuesta del representante de las empresas. Se votó. Siempre según el acta oficial, la moción 1 juntó las adhesiones de los delegados de la EPE, UOCRA, Secretaría de Recursos Hídricos y Vialidad Provincial. La moción 2 se llevó el apoyo de su impulsor, la Cámara de la Construcción, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, y la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería (DIAPI). Empate 4 a 4. Definió el presidente de la comisión. A lo Cobos, Sambrano se inclinó por el no positivo y, en consecuencia, “la Comisión de Calificaciones resuelve dejar sin efecto la habilitación otorgada” a la constructora denunciada por Cristina.

 

Semana y media después, el 31 de agosto, el diario El Litoral publicó una nota tituladaUna ausencia y una condena en el ministerio de Infraestructura” en la sección “Entretelones de la política provincial”. Allí se sugiere que en la votación por Dinale hubo un voto trucho. Sin mencionar a la empresa ni al episodio del Senado, el artículo narra lo ocurrido hasta que dice textualmente: “Pero… pero… Lo extraño se hizo presente cuando se analizaron los presentes puesto que uno de ellos -que hubiese dado su acuerdo para que no hubiese sanción- no fue de la partida y, por lo tanto, no votó. Ergo, ¿el empate existió con el conteo de los presentes?, ¿tiene valor el acto administrativo en cuestión si uno de quienes supuestamente emitió opinión no se encontraba en el lugar?, ¿hay o habrá afectación de particulares por un exceso por parte del director general? Dudas que se irán develando a medida que conozcamos más del Ing. Sambrano y de sus (particulares) criterios”. Ese mismo día y en idéntica sección apareció otro texto con tono similar contra el funcionario de planta permanente 

 

Ambas notas fueron publicadas un lunes. El jueves siguiente, ya con la firma del director del diario, Guillermo Dozo, se difundió una columna cuyo título es “Los fantasmas del pasado parecen haber retornado a los pasillos del Registro de Licitadores de Obras Públicas” 

 

“Si nos remontamos a mayo de 2003, el Ing. Edgardo Berli (por entonces ministro de Obras Públicas de Carlos Reutemann) descabezaba la Dirección General del Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia al desplazar y denunciar penalmente a los dos máximos funcionarios del organismo (director y subdirector general)”, se recuerda en el inicio. Y continúa: “Por entonces se sospechaba y aparecían las primeras pruebas concretas que demostraban que funcionarios públicos del Registro adulteraban documentación de empresas proveedoras del Estado, con la fundada sospecha que lo hacían para actuar como ‘gestores’ de los potenciales contratistas y, de ese modo, cobraban honorarios tarifados”.

 

De acuerdo a la nota, “lamentablemente los fantasmas del pasado vuelven a transitar los pasillos del Registro y trascienden supuestas irregularidades en su accionar, circunstancia que demandaría una pronta intervención de la autoridad Ministerial”. Y posteriormente retoma los argumentos ensayados en los “Entretelones…”.

 

La mención a lo acontecido en 2003 es curiosa, en tanto el descabezamiento trajo como consecuencia la llegada del criticado Sambrano a la subdirección del organismo, según la resolución 113/03 del propio Berli. Y lo es más si se observa que el funcionario de carrera cuestionado no ocupa su actual lugar desde este año, en el que volvieron “los fantasmas del pasado”, sino desde 2012, cuando fue designado director tras la jubilación de su antecesor, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 3862 por el entonces gobernador Antonio Bonfatti.

 

¿Por qué entonces las gravísimas acusaciones contra Sambrano –que se tomó licencia tras este caso- llegan recién ahora? Una respuesta posible, con altas chances de ser acertada, se encuentra en la constructora Cocivial S.A., que se presentó en numerosas licitaciones con Dinale bajo el formato de Unión Transitoria de Empresas, como se puede comprobar con sólo escribir el nombre de ambas compañías en Google. Esa firma tiene como vicepresidenta a Cecilia Gargatagli, mano derecha del presidente del directorio de El Litoral, Nahuel Caputto. Y como síndico suplente a Ignacio Eduardo Orio, abogado del diario.

 

Tan estrecho es el vínculo entre Caputto y Gargatagli que ambos integran el directorio de ADEPA: él es vicepresidente 2° por El Litoral y ella 5° vocal suplente por El Mirador Provincial. Es que en realidad se trata de un multimedios, conformado por las dos publicaciones mencionadas, ellitoral.com, Campolitoral, Revista Nosotros, Clasificados, el canal CyD Litoral, Podcasts, Viví Mejor, Puerto Negocios, Notife y Educación SF. Todo ello sin contar la planta impresora Artes Gráficas del Litoral (AGL), ubicada en la localidad de Sauce Viejo, en sociedad con el grupo Clarín.

 

La participación de Caputto y Gargatagli en ADEPA tuvo un hito colorido en la asamblea anual que se realizó en 2017 en la ciudad de Santa Fe, cuando el Estado provincial, en aquel momento gobernado por Miguel Lifschitz, aportó una “ayuda económica” para “solventar gastos” de 450 mil pesos, tal como reveló en ese momento Diario Santa Fe 

 

La utilización no blanqueada de las páginas del diario para defender los intereses particulares de los directivos no es inusual. El 17 de agosto pasado, también en la sección “Entretelones de la política provincial”, se publicó una nota en la cual se anticipa que “una rafaelina está por aterrizar en paracaídas” en la estación aeroportuaria de Sauce Viejo, cuya designación “no habría sido consultada con las entidades santafesinas que tienen una silla en el directorio del ente y que vienen trabajando por la reactivación del aeropuerto desde hace varios años”. Entre esas instituciones, a las que les interesa el país, y en este caso Santa Fe, se encuentra el Bureau de Eventos. Su presidenta: Cecilia Gargatagli, en representación de la agencia Arcadia, también propiedad de Caputto.

 

El gobernador Omar Perotti hizo caso omiso al veto: el 1 de septiembre decretó la intervención y nombró como titular del ente a “una rafaelina”, Silvana Serniotti Sosa. Once días después, el diputado provincial del Frente Progresista y ex ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, declaró a El Litoral que la decisión del mandatario es “un atropello” porque “desconoce la participación de la ciudadanía y el trabajo conjunto entre gobierno y fuerzas vivas”.

 

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